¿Se va a pagar un precio político a los separatistas catalanes?

Habida cuenta de la ostentosa y radical deslealtad que los nacionalistas han mostrado al consenso del 78, sería lógico plantear una reforma constitucional destinada a retirar de nuestra Carta Magna las muchas concesiones que en ella se hicieron a estas formaciones minoritarias que lo que han perseguido y siguen persiguiendo con ellas es la quiebra misma de la soberanía nacional sobre la que se asienta el entero edificio de nuestro Estado de Derecho. El tiempo ha demostrado que el Estado autonómico surgido de nuestra Carta Magna –uno de los más descentralizados del mundo-, o la aceptación del vocablo "nacionalidad" para referirse a una región, o el reconocimiento del régimen foral en los conciertos vascos y navarro, han sido concesiones que, lejos de ganar el apoyo de las minorías nacionalistas a nuestra Ley de leyes, han servido, por el contrario, para que los separatistas avancen, propaguen y financien sus proyectos de ruptura.

En unos momentos en que aún está por ver que la Generalidad de Cataluña desactive su institucionalizado y golpista desafío secesionista, ya hay, sin embargo, quienes pretenden retribuir a los separatistas con una reforma constitucional que compense su futura, hipotética y puntual obediencia al Tribunal Constitucional. Tal ha sido el caso del actual líder del PSOE, Pedro Sánchez o del actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá, quienes ya se han manifestado favorables a una reforma destinada a reconocer la "singularidad" de Cataluña o a conceder a la Generalidad "competencias exclusivas en materia lingüística". Lo grave es que también parece ser el caso del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien este martes ha manifestado que, si bien no es su "prioridad", está abierto a negociar una reforma constitucional, pero no para "recentralizar las competencias de nadie".

Si no es para "recentralizar las competencias" de quienes las han utilizado y las van a seguir utilizando para poner en jaque a nuestra nación, ya nos dirá el presidente del Gobierno qué "reforma constitucional" está dispuesto a negociar. Lo que no es de recibo es estar dispuesto a pagar un "precio político" a los golpistas a cambio de que no celebren una consulta, a la que -por cierto- no se reduce en modo alguno su persistente desafío a nuestra nación y a nuestro Estado de Derecho.

Retribuir políticamente esa hipotética y puntual obediencia de los nacionalistas a la suspensión del refrendum, ya sea mediante una reforma constitucional, ya sea volviendo a no querer ver la corrupción en el caso Pujol, ya sea ofreciendo un "nuevo y singular modelo de financiación" a la Generalidad, ya sea manteniendo la ceguera ante muchas otras desobediencias e ilegalidades que se perpetran en Cataluña, no sería otra cosa que ceder al chantaje.

El desafío secesionista, que Rajoy no se ha atrevido a disuadir ni a dejar indirectamente de financiar, ya ha llegado suficientemente lejos como para que la única reforma que cabe plantearse sea la que vaya en sentido opuesto a lo que pretenden los nacionalistas. Lo demás es complicidad.