Urge acabar con el oligopolio público audiovisual

La dimisión del presidente de RTVE ha puesto una vez más de manifiesto el anacronismo insostenible en que se ha convertido la corporación pública de radio y televisión, especialmente en unos momentos de grave crisis económica y de subidas generalizadas de impuestos para poder seguir manteniendo el despilfarro estatal. González Echenique abandona la presidencia del Consejo de Administración del organismo público después de que el ministerio de Hacienda rechazara su pretensión de inyectar 130 millones de euros adicionales para cubrir los gastos del ejercicio, a lo que hay que añadir los mil millones del presupuesto anual con que cuenta RTVE este 2014. La renuncia del ya expresidente de la radiotelevisión estatal demuestra que con un modelo u otro de gestión, con publicidad o sin ella, RTVE es un pozo sin fondo que sirve fundamentalmente para hacer la competencia desleal a las emisoras privadas y para que los sindicatos censuren la presencia de los expertos que no les gustan, como ha ocurrido recientemente con el colaborador de esta casa Juan Ramón Rallo.

Para para poder hacerse una idea de lo disparatado del modelo audiovisual público en España, baste señalar que a día de hoy TVE sigue contando con dos canales generalistas, tres temáticos, dos canales para sus emisiones en Cataluña (única autonomía que cuenta con semejante privilegio), cuatro canales internacionales (Europa-África, Asia-Oceanía y dos para América), además de otro canal específico para las emisiones en alta definición. En total, los españoles sufragamos doce canales públicos de TV de titularidad estatal. A ello hay que sumarle las cadenas de las doce comunidades que cuentan con canales autonómicos, con casos como el de TV3 en Cataluña, región en quiebra técnica mantenida a base de inyecciones de liquidez por parte del Gobierno de España, que a estas alturas sigue contando con sus cinco canales en pleno funcionamiento.

Pero si el mercado de la televisión está pervertido por la presencia injustificada de tantas cadenas públicas mucho peor es el caso de la radio, ejemplo lacerante de un sector intervenido hasta la náusea, donde el conseguir los permisos necesarios para poder iniciar la actividad de radiodifusión se convierte una hazaña que acarrea varios años de esfuerzo a no ser que se cuente con el favor del partido al frente del Gobierno autonómico de que se trate. Los políticos aluden a las limitaciones del espacio radioeléctrico para justificar la necesidad de que las autoridades (es decir, ellos) ordenen el sector a través de la concesión de licencias públicas. Si fuera así, y actuaran de buena fe, se abstendrían de crear emisoras públicas con el fin de dejar más espectro libre para su uso por los empresarios privados. En cambio, la realidad es que ningún partido político con poder se abstiene de crear su propia cadena pública, llegando a casos realmente hirientes como el de Cataluña o Andalucía, donde las frecuencias en manos del Gobierno autonómico superan a las repartidas entre la iniciativa privada. Si, además, las pocas licencias que conceden se las otorgan a emporios próximos al poder político (PRISA en Andalucía y los medios de vocación nacionalista en Cataluña), el resultado es que la pluralidad de la que blasonan los distintos gobiernos como el principio inspirador de la política de medios en nuestro país es una burda mentira para encubrir la vocación totalitaria de nuestra clase política en el ámbito mediático.

Los contribuyentes estamos obligados a financiar un abrumador entramado público de medios audiovisuales, con un coste prohibitivo, que no aportan nada que no ofrezcan ya sus competidores en el ámbito privado. Además, la facultad que se han reservado los políticos para decidir quién puede o no ejercer legalmente un derecho como el de la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución, pervierte desde su raíz el ejercicio de esta facultad para que sólo puedan tener acceso a ella los escogidos por el poder político. Esta situación, propia de regímenes totalitarios, se ha perpetuado en nuestro país y agravado con el traspaso a las autonomías de las competencias en materia audiovisual.

La actual situación de crisis económica, que está golpeando de forma especialmente intensa a los medios de comunicación, justifica sobradamente una revisión en profundidad de la legislación del sector que acabe con el actual despilfarro público y ofrezca mayores ámbitos de libertad. De todas las reformas estructurales que el Gobierno tiene pendientes, esta es, si no la más urgente, la que mayores beneficios a corto plazo podría acarrear sin coste alguno para el bolsillo de los españoles.