El golpe está en marcha, Rajoy duerme

El golpe de Estado del 9 de noviembre está en marcha. La Generalidad ha puesto a funcionar toda su maquinaria golpista, la institucional y la de la administración paralela, la llamada Asamblea Nacional Catalana, creada a tal efecto por CiU y ERC. Todo tal y como estaba previsto. Y es que, aunque algunos en Madrit se empecinan en restar importancia al gravísimo desafío planteado por los separatistas catalanes, desde que se inició el proceso en la Diada de 2012 se han ido cumpliendo todos los pasos previstos por Artur Mas. Hasta el punto de que, hoy 29 septiembre, apenas un mes antes del 9-N el referéndum separatista está convocado y, pese a ser en sí mismo un ataque directo a la soberanía nacional, fuente de legitimidad de la Constitución y, por tanto, de la legalidad, la convocatoria sigue vigente legalmente 48 horas después de que Artur Mas firmase el decreto de convocatoria.

Si resulta irritante la ceguera de muchos que, desde Madrid, se han negado en estos dos años a ver la realidad y la magnitud del desafío al que se enfrenta la Nación española, lo es mucho más la inacción del Gobierno. En cualquier Estado de Derecho, todas las instituciones, empezando por el Gobierno, habrían actuado hace ya mucho tiempo contra la Generalidad, cuyo única acción de Gobierno desde hace dos años se limita a promover un golpe de Estado. Es una cuestión de mera voluntad política ya que, lógicamente, existen herramientas legales y jurídicas que el Gobierno podría haber utilizado para atajar el desafío mucho antes de que Mas firmase este sábado la convocatoria del referéndum. No sólo no se ha hecho, sino que la única respuesta en estas 48 horas ha sido una comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, y otra de Alicia Sánchez Camacho. Si Mariano Rajoy se desentiende de su responsabilidad, como presidente del Gobierno de España, de responder al desafío y, como es su obligación, dirigirse al conjunto de los españoles, lo menos que puede hacer es irse a su casa y dejar paso a otro que asuma las obligaciones constitucionales del cargo.

El error de fondo está en plantear el problema como una simple cuestión legal. El recurso al Tribunal Constitucional es un trámite necesario, pero absolutamente insuficiente. Cataluña está al borde de la secesión, y en el País Vasco, no nos olvidemos, están esperando su momento. Frente a eso, todo lo que ofrece el Gobierno es un dictamen del Constitucional y una comparecencia de Sánchez Camacho, como si lo que se estuviese dilucidando fuese una disputa por la competencia de la gestión de parques y jardines. El Gobierno se mueve entre la necedad de pensar que declarando ilegal el referéndum del 9-N (¡faltaría más!) se acabó el problema y la desidia patológica de Mariano Rajoy para enfrentarse a los problemas. En su concepción despótica del poder, Rajoy no entiende que como presidente del Gobierno su obligación es la defensa de la Nación y no sus intereses particulares o de partido, que puede gestionarlos como le plazca. Con estas premisas es difícil se optimista. Si se consuma el desafío separatistas, posibilidad que no cabe desdeñar, habrá más de un responsable. Y el primero de todo ellos será Mariano Rajoy Brey.