¿Hará cumplir Rajoy la Ley Wert?

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha podido ser más clara y tajante a la hora de rechazar la suspensión cautelar de la llamada Ley Wert el próximo curso 2014-2015, tal y como habían solicitado en tres recursos la Junta de Andalucía y la Generalidad de Cataluña, comunidades que tendrán que asumir las costas del proceso.

Aunque el Gobierno regional catalán todavía no se haya pronunciado respecto del fallo del Alto Tribunal, poca voluntad de acatamiento cabe esperar de un Ejecutivo que ha hecho y sigue haciendo caso omiso de cuantos fallos judiciales le han contrariado y que se encuentra inmerso en un ilegal proceso de construcción nacional que desafía las bases mismas sobre las que se edifica el ordenamiento constitucional. Mas y sus socios de Gobierno han sido muy claros en tiempos bien recientes al asegurar que en Cataluña no se va a aplicar la Ley Wert como para pensar que van a hacer lo contrario.

En cuanto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que "minimizará el impacto" de esa ley en dicha comunidad manteniendo, por ejemplo, la ratio de alumnos por aula y la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

La presidenta de Andalucía está en su derecho de no compartir la sentencia del Supremo y confiar en que el Tribunal Constitucional la tumbe finalmente "por cuestiones de fondo". Lo que no es propio de un Estado de Derecho es que un gobernante se arrogue la potestad de "minimizar" los efectos de una ley y de las sentencias que no le gustan.

Las leyes y las sentencias se cumplen y se hacen cumplir, y esto también va por el presidente del Gobierno: no cabe duda alguna de que Mariano Rajoy comparte la ley impulsada por su ministro de Educación. Pero también es claro que Rajoy comparte plenamente las leyes y las sentencias que defienden el derecho a tener al castellano como lengua vehicular de la enseñanza y esta es la hora, sin embargo, en que no las ha hecho cumplir allí donde tal derecho se vulnera.

Habrá que esperar poco, sólo hasta el mes que viene, en el que arranca el curso escolar, para ver si este fallo del Tribunal Supremo y la Ley Wert se cumplen en Cataluña y en Andalucía. De nada servirá que el Poder Judicial avale una norma emanada del Legislativo si luego el Ejecutivo no garantiza su cumplimiento.