Justicia, justicia perseguirás

El ex primer ministro israelí Ehud Olmert ha sido condenado a 6 años de cárcel y a pagar una multa de un millón y medio de shekels por aceptar un soborno de 100.000 euros cuando era alcalde de Jerusalén y posteriormente ministro de Industria. El juez David Rozen ha sido claro en el fallo: los servidores públicos que perciben sobornos son traidores.

Ya el 30 de julio de 2008, el primer ministro Olmert se vio obligado a dimitir de sus cargos, tanto en el Gobierno como en su partido político, Kadima, porque estaba siendo investigado por corrupción. En su discurso de renuncia, afirmó:

Quiero dejar clara una cosa: me siento orgulloso de ser ciudadano de un país en el que un primer ministro puede ser investigado como cualquier otro ciudadano.

El 30 de agosto de 2009 Ehud Olmert, finalmente, fue acusado de varios cargos. Estaba muerto políticamente.

No es la primera vez que los tribunales israelíes envían a prisión a un alto cargo. En 2011, el Tribunal Supremo confirmó la condena del expresidente de Israel, Moshé Katsav, a 7 años de prisión por acoso sexual, violación y obstrucción a la justicia. El editor del New Statesman, Sholto Byrnes, escribió al respecto:

¿Creéis que tales cargos habrían sido admitidos en tribunales de Estados Unidos o Francia?

Y la lista continúa.

Esta independencia ejemplar, que asombra al mundo entero, está enraizada en la estructura del Estado de Israel, que ha propiciado un poder judicial independiente que legisla contra el Gobierno y es el garante de las Leyes Básicas del Estado. La Ley Básica del Poder Judicial establece en su segundo artículo:

Una persona investida con el Poder Judicial no podrá, en los asuntos judiciales, estar sujeto a otra autoridad que la de la Ley.

En este sentido, el Poder Judicial en Israel también sigue rigurosamente el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes. En la determinación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o de sus derechos u obligaciones de carácter civil, toda persona tendrá derecho a una audiencia justa y pública por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley.

La independencia judicial se refleja también en el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Supremo. Los jueces son elegidos por el Comité de Selección Judicial, en donde los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y los profesionales del derecho están representados. Así, está integrado por nueve miembros: el ministro de Justicia sirve como presidente, asistido por otros miembros del Gabinete, el presidente y dos jueces del Supremo, dos representantes del Colegio de Abogados de Israel, y dos miembros del Parlamento. El nombramiento de un candidato requiere una mayoría en el Comité y, una vez nombrado, el juez mantiene el cargo hasta alcanzar la edad de jubilación obligatoria a los 70. El número total de jueces, actualmente quince, lo establece el Parlamento.

El Tribunal Supremo tampoco ha aplacado su independencia ante el Gobierno o el Ejército. Por el contrario, ha garantizado las libertades fundamentales en situaciones de guerra.

A este respecto, el Supremo emitió un fallo en 1953 que prohibía el cierre de un periódico árabe que criticó a Israel, y, basándose en la jurisprudencia estadounidense, estableció que la libertad de expresión siempre se respetaría a menos que haya un "peligro claro y presente". El juez de la Corte Suprema de EEUU William Brennan declaró claramente en 1988:

Israel [...] ofrece la mejor esperanza para la construcción de una jurisprudencia que pueda proteger las libertades civiles en contra de las exigencias de la seguridad nacional.

Además, el Tribunal Supremo atiende peticiones directas de los residentes palestinos de Cisjordania y Gaza. Esta capacidad para aceptar las solicitudes palestinas ha sido ejemplar, en palabras de la activista de derechos humanos Anne Bayefsky. Respecto a tal posibilidad, Raji Sourani, director ejecutivo del Centro Palestino para los Derechos Humanos, manifestó que está "constantemente sorprendido por el alto nivel del sistema legal".

Una de las decisiones más sonadas tuvo que ver con la valla de seguridad en Cisjordania. En 2004, el Tribunal Supremo falló a favor de cambiar algunas secciones de la misma, y ordenó al Ejército redirigir el trazado porque el actual separaba tierras propiedad de palestinos. En estos términos se expresó el Supremo israelí :

[...] Como cualquier israelí, nosotros también reconocemos la necesidad de defender el país y sus ciudadanos contra las heridas causadas por el terror. Somos conscientes de que, a corto plazo, esta sentencia no hará que la lucha del Estado contra los que se levantan en su contra sea más fácil. Pero nosotros somos jueces. Cuando nos sentamos en el juicio, estamos sujetos a juicio. Actuamos de acuerdo a nuestra mejor conciencia y comprensión. Con respecto a la lucha del Estado contra el terror, estamos convencidos de que, finalmente, una lucha de acuerdo a la ley fortalecerá su poder y su espíritu. No hay seguridad sin ley. Satisfacer las disposiciones de la ley es un aspecto de la seguridad nacional [...]

No obstante, independencia, objetividad y generalidad aparte, el sistema judicial israelí es plural y representativo. En 1999, Abdel Rahmán Zuabi fue el primer israelí árabe en obtener un puesto en el Tribunal Supremo. En mayo de 2004, Salim Jubrán, también árabe-israelí, fue nombrado magistrado permanente. Joubran, por cierto, fue uno de los tres jueces que confirmó la condena del expresidente Moshé Katsav.

Es tal la independencia del Poder Judicial en Israel que Jubrán se permitió, en marzo de 2012, negarse a cantar el himno nacional de Israel en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal. Inaudito.

El Poder Judicial de Israel es un modelo incontestable de independencia que muestra también la calidad democrática y el buen funcionamiento del imperio de la ley. Y, en suma, debería servir como ejemplo a todo el arco occidental, que se encuentra en medio de una desafección ciudadana hacia sus instituciones.

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