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Pablo Molina

El CAC y otras fábricas de independentistas

En estos momentos, la independencia de España respecto a Cataluña es vista por muchos como un mal menor, susceptible de ser esgrimida en defensa propia.

Artur Mas ha decidido denunciar en los juzgados al presidente de esta Casa. Da gusto que los jefes validen la esforzada labor de sus empleados siguiendo las sugerencias de sus informes a pesar de que estos no sean vinculantes, aunque al presidente del gobierno regional catalán no le quedaba más opción que acudir a la justicia, dado que la pretendida ofensa de los periodistas de Madrit iba dirigida, según los comisarios cacquianos, nada menos que contra el pueblo de Cataluña.

El pueblo catalán, como todo el mundo sabe, es muy sufrido. Sobre sus espaldas soporta la humillación de que la prensa de Espanya denuncie los latrocinios a que es sometido periódicamente por los nacionalistas, circunstancia que su clase política atribuye no a su pasmosa facilidad para el trinque, sino a un odio proteico hacia el pueblo catalán en su conjunto, fruto de una envidia ancestral. Los medios progresistas del resto de España consideran en cambio que lo que subyace en estos ataques a Cataluña es un ánimo separador, y tachan a los que critican los excesos del nacionalismo de ser una maquinaria de fabricar separatistas. Desde luego, mucho menos eficiente que el Comité Audiovisual de la Generalidad catalana, cuyas víctimas políticas contemplan cada vez con más alivio una eventual independencia de Cataluña por una mera cuestión de supervivencia.

El resto de fuerzas políticas catalanas con presencia en el parlamento regional no le van precisamente a la zaga al CAC en esa labor de fabricación de independentistas, puesto que, a excepción de Ciudadanos, todas coinciden en la necesidad de esquilmar todavía más el bolsillo del resto de los españoles para que los nacionalistas puedan seguir gobernando como hasta ahora. Igual que las organizaciones empresariales de aquella comunidad autónoma, cuya solución para el problema del separatismo es exactamente esa misma.

Ante semejante perspectiva, no puede resultar extraño que la línea de producción de partidarios de la independencia de Cataluña esté últimamente a pleno rendimiento, especialmente en aquellas regiones perjudicadas con más saña por el nacionalismo en cuestiones vitales para la vertebración de una nación como el reparto solidario de los recursos naturales. Si además trabajas para una firma perseguida por el CAC, como éste que suscribe, es normal que exista una identificación casi absoluta con el programa político de Oriol Junqueras, porque es que sale un juez partidario de las tesis separatistas y ordena el cierre, el embargo o la expropiación de la empresa, y muchas decenas de familias tendrían serios problemas para llegar a fin de mes, entre ellas la mía, que es algo que me preocupa todavía más si cabe.

En estos momentos, la independencia de España respecto a Cataluña es vista por muchos como un mal menor y, en todo caso, susceptible de ser esgrimida legítimamente en defensa propia. Sometidos a la tutela de las normas internacionales, el peligro de ser corneado o esquilmado sin piedad desciende notablemente. Todo en la confianza, sin duda excesiva, de que ni Rajoy ni sus sucesores suscriban con las autoridades del futuro Estado catalán un acuerdo de extradición.

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