La inmigración ilegal y la hipocresía del PSOE

Casi dos semanas después de que quince inmigrantes murieran ahogados al intentar entrar a nado junto a otros cientos de indocumentados en Ceuta, el PSOE sigue utilizando obscenamente esta lamentable tragedia para cargar contra la Guardia Civil y el Gobierno, a los que poco menos que culpa de dichas muertes. Y es que, en vista de las declaraciones que estos días han hecho diversos dirigentes socialistas, o las del mismo Rubalcaba de este martes, parecería que los subsaharianos hubieran muerto tiroteados por los agentes de la Benemérita, cuando lo cierto es que estos se limitaron a lanzar pelotas de goma, desde tierra, nunca desde el mar, nunca sobre la valla y nunca sobre los cientos inmigrantes que trataban de entrar en suelo español.

Los únicos inmigrantes ilegales auténticamente tiroteados en nuestra historia reciente lo fueron en octubre de 2005 por agentes de seguridad de Marruecos, ante cuyas autoridades el Ejecutivo socialista español no elevó las más mínima protesta. Y en cuanto a inmigrantes ahogados, se puede recordar la muerte a finales de ese mismo año de más de 1.500 mauritanos frente a las costas de Canarias, como recogía un informe de la Guardia Civil del que el Gobierno socialista no informó y que no tomó en consideración para tomar medidas contra nuevas avalanchas de inmigrantes, como las que se producirían meses después, concretamente en marzo de 2006.

Rubalcaba, que por aquel entonces era portavoz del Gobierno, y que mintió al asegurar que dicho informe no había estado en manos del Ejecutivo, tampoco está legitimado para dar lecciones si recordamos su etapa al frente de Interior. Hasta 180 asociaciones de inmigrantes denunciaron en 2009 que, bajo su mandato, se establecieron cupos de detención de inmigrantes; según los denunciantes, se dieron casos de malversación, prevaricación, coacción, acoso, racismo y xenofobia.

Naturalmente, habrá que revisar los protocolos de actuación de la Guardia Civil, que se siente desbordada ante las avalanchas de ilegales. También se tendrá que acabar, tal y como el Gobierno se dispone a hacer, con las contradicciones entre la Ley de Extranjería, que dictamina que los inmigrantes ilegales en suelo español tienen derecho a un traductor y asistencia letrada para estudiar un posible derecho de asilo, y el tratado firmado con Marruecos en 2012, que posibilita la entrega inmediata, con ciertas garantías, de inmigrantes a las autoridades alauíes. Pero lo que sobra es la demagogia de una izquierda que se olvida de lo que hacía y decía cuando estaba en el Gobierno en un asunto de Estado como es la inmigración.

Otro tanto se podría decir de la UE, cuyas autoridades, en lugar de pedir hipócritamente explicaciones al Gobierno español, se deberían implicar de lleno en un asunto que le afecta de lleno.

Si la demagogia pseudohumanitaria imposibilita la legítima lucha contra la inmigración ilegal, no extrañe que luego formaciones populistas y auténticamente xenófobas saquen tajada electoral en toda Europa.