La relatividad de la ley

Publicaba ayer El País una entrevista-cuestionario a cinco activistas antisistema con motivo de la llamada Ley Anti 15-M. Se trataba de que razonaran su desacuerdo con el anteproyecto a partir, ya digo, de una batería de preguntas que, al llevar implícita la contestación, no pasaban de mera formalidad, que es lo único que no puede ser el periodismo.

Así y todo, había algún que otro hallazgo. Ada Colau, por ejemplo, respondía del siguiente modo a la pregunta de si le parecería bien que se multara por insultar a un policía: "Otro ejercicio de autoritarismo. La palabra de un policía ya vale más ante la ley que la de cualquier ciudadano". "¿Estás de acuerdo con que se prohíba usar capuchas en manifestaciones?", proseguía la entrevistadora. Y Colau, acaso correspondiendo al tuteo, replicaba: "Depende. Si hace frío". Respecto al acoso a políticos y autoridades, otro de los encuestados, Rafael Tejero, de la asamblea del 15-M de Granada, argüía: "Se trata de hacer visible [el] malestar". Un motivo, el de la visibilidad, que Tejero también invocaba para el caso de la quema de contenedores: “Habrá que ver las circunstancias de esa persona, si lo hace porque le gusta o si es una persona que está luchando por hacer visible su injusticia”.

Por descontado, a ninguno de esos cinco activistas se les preguntaba sobre otra de las medidas que figuran en el borrador de la normativa en cuestión: las multas de hasta 600.000 euros para quienes ensalcen públicamente el terrorismo, el odio, la xenofobia, el racismo o la discriminación. Imaginen, sin ir más lejos, que cualquiera de los fascistas que asaltaron la sede en Madrid de la Generalitat de Cataluña invocara la necesidad de que se visibilice el problema catalán. O que el individuo de las gafas oscuras y el pañuelo que se encaró con el diputado Josep Sánchez Llibre alegara que esa tarde había refrescado, de ahí el pañuelo. Se trataría, qué duda cabe, de un alarde de cinismo, presunción de la que, una vez más, están exentos los antisistema de signo contrario. El blindaje moral de estos últimos se plasmó aquel 11 de septiembre de una forma ciertamente singular: ningún medio de comunicación, ni siquiera éste, calificó la agresión ultra contra los representantes de la Administración autonómica catalana con la única palabra que no venía a contrapelo: escrache.

Recuerden, asimismo, cómo al poco de que se produjeran las primeras detenciones la mayoría de los diarios pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que el suceso se saldara con multas de 300 euros. No parece de recibo, en fin, que vuelvan a ponerlo ahora, cuando lo que se pretende es subsanar esa deficiencia.

De todos modos, es esta una esquizofrenia perfectamente acomodada en el pensamiento progresista español, el mismo que denunció con ahínco (¡Orwell, Orwell!) que hubiera cámaras en las calles y hoy celebra (aliviada) que la calle sea un inmenso plató.