Entre el chantaje sindical y la incompetencia municipal

Los nueve días de huelga de limpieza que ha padecido Madrid se han traducido en graves molestias para los ciudadanos y una imagen internacional impropia de la capital de un país avanzado. Como siempre que se suscita un conflicto laboral en nuestro país, los sindicatos han protagonizado todo tipo de incidentes violentos, boicoteando los servicios mínimos legalmente establecidos y agravando deliberadamente las consecuencias de un paro laboral de estas características. Las numerosas detenciones e identificaciones practicadas por la policía dan cuenta del carácter chantajista de las organizaciones convocantes, que no han dudado en tomar a los contribuyentes madrileños como rehenes de un conflicto que en nada les atañe.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha pecado de una grave inacción en un asunto que le pertenece de manera exclusiva, en tanto que detentador de las competencias de los servicios públicos de limpieza vial. La rebaja temeraria del precio de licitación del contrato ya anunciaba el surgimiento de problemas de esta índole, puesto que las empresas concesionarias no iban a poder asumir el coste del servicio sin reducir la masa salarial de unas plantillas diseñadas durante los tiempos de bonanza y hoy en día claramente sobredimensionadas. A esa circunstancia se suma la incapacidad del consistorio para priorizar el gasto público municipal, con dispendios notables como la aventura olímpica o el elevado número de empleados "de confianza" que mantiene la capital en medio de una crisis económica agravada por los niveles inasumibles de deuda pública, fruto de la megalomanía del alcalde anterior que el actual equipo de gobierno ha decidido no cortar de raíz.

Los ciudadanos se han visto así atrapados entre la conducta chantajista de los sindicatos y la incompetencia del Ayuntamiento, cuyo equipo de gobierno sólo ha comenzado a reaccionar cuando la situación era ya insostenible defendiendo, además, que lo que estaba ocurriendo no era un problema achacable a su gestión. Mientras tanto, los contribuyentes madrileños se ven obligados a pagar puntualmente un servicio que durante un tercio de este mes de noviembre no sólo no han recibido, sino que se ha convertido en una carga que, ellos sí, no tendrían por qué estar asumiendo.