Paracuellos, 77 años después

La semana que viene se cumplirá el 77 aniversario del inicio de las 33 sacas de las cárceles republicanas madrileñas que, a partir del 7 de noviembre y hasta el 4 de diciembre de 1936, resultaron en el asesinato de entre 2.000 y 5.000 personas en Paracuellos del Jarama y en Torrejón de Ardoz. Varios acontecimientos ocurridos en 2013 justifican recordar hoy esta masacre.

Por un lado, están las iniciativas de la justicia argentina y de la ONU para investigar ciertos crímenes perpetrados en España entre 1936 y 1975. En virtud de una causa abierta en Argentina en 2010 por delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco, una juez argentina dictó en septiembre una orden de busca y captura contra cuatro antiguos policías españoles. También en septiembre, un grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas visitó España, urgió al Gobierno a aclarar las desapariciones del franquismo y anunció la publicación de un informe en 2014 sobre las 114.000 desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Por otro lado, la pasada primavera se publicó una biografía de Santiago Carrillo titulada El zorro rojo y escrita por el historiador británico Paul Preston. Las evidencias del carácter premeditado y alevoso de la matanza en Paracuellos que presenta el autor no pueden interpretarse como una revancha ideológica o política contra el líder comunista. Son, más bien, el resultado de su labor científica como historiador.

Resumamos los hechos que establece Preston.

Tras el abandono por parte del Gobierno de Largo Caballero de una capital asediada por las fuerzas nacionales el 6 de noviembre de 1936 y su traslado a Valencia, Madrid quedó a las órdenes de una Junta de Defensa presidida por el general Miaja. El mismo día 6 por la tarde el PCE acordó con Miaja su entrada en la Junta, asumiendo la dirección de dos consejerías: la de Guerra y la de Orden Público. Carrillo, con 21 años y formalmente aún miembro de un PSOE al que había traicionado entregando sus juventudes al PCE, fue nombrado consejero de Orden Público. Las prisiones de Madrid quedaron bajo su responsabilidad.

Asesorado por los múltiples enviados soviéticos presentes en Madrid, Carrillo y sus subalternos decidieron eliminar la amenaza de una quinta columna nacional supuestamente instalada en las cárceles republicanas. En la reunión inaugural del Consejo de Orden Público celebrada el 7 de noviembre, los prisioneros fueron clasificados en tres grupos. El más peligroso –el de los "fascistas y elementos peligrosos"– se enfrentaría a una "ejecución inmediata". Los prisioneros habían comenzado a ser evacuados de Madrid ese mismo día. Ochocientos de ellos, en cumplimiento de lo decidido en el Consejo de Orden Público, fueron trasladados en camiones a Paracuellos del Jarama, donde fueron alineados y fusilados. Conforme avanzaron las ejecuciones, y dado que el pequeño municipio madrileño –a cuyos habitantes se ordenó enterrar a los muertos– no podía albergar tantas fosas, las matanzas fueron desviadas al vecino Torrejón de Ardoz.

Carrillo dimitió de su puesto de consejero de Orden Público el 24 de diciembre de 1936, tres semanas después de finalizadas las masacres. En un mitin celebrado en Valencia en marzo de 1937 puso en valor su labor como consejero alabando "la gloria de que los combatientes de las JSU (juventudes comunistas)" luchasen "con la garantía de una retaguardia cubierta, de una retaguardia limpia y libre de traidores". "No es un crimen, no es una maniobra, sino un deber exigir tal depuración".

Un detalle particularmente macabro del proceso de liquidación de los prisioneros madrileños fue que la palabra clave escrita en la documentación de la Dirección General de Seguridad para ordenar su fusilamiento fue libertad. Los prisioneros liberados fueron sistemáticamente ejecutados.

Carrillo, al que Preston responsabiliza también del asesinato de varios compañeros comunistas españoles, tachados de "traidores" en años posteriores, falleció en septiembre del año pasado. Jamás fue llamado ante la justicia española, ni ante la argentina ni ante la ONU para aclarar su responsabilidad en torno al asesinato de los prisioneros madrileños acaecido en noviembre-diciembre de 1936.