José Blanco, beneficiario de una Justicia politizada

El Tribunal Supremo ha archivado la causa incoada contra el exministro socialista José Blanco por tráfico de influencias, en contra del criterio del juez instructor y el fiscal encargado del caso. La decisión se produce tras la presentación de un recurso del acusado contra la petición del juzgado de solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados, que la Sala del alto tribunal ha estimado por unanimidad de sus miembros en un auto cuyos fundamentos resultan más que discutibles, por más que no resulten infrecuentes cuando se trata de exonerar a un político de las consecuencias penales de sus decisiones en el ejercicio de su actividad pública.

Aunque Blanco y sus compañeros de partido intenten convertir el auto del Supremo en aval de su inocencia, en realidad la decisión judicial que decreta el archivo de la causa no cuestiona los hechos por los cuales fue imputado en el marco de las investigaciones del caso Campeón. En concreto, ha quedado demostrado que el exministro socialista de Fomento aprovechó su cargo para realizar gestiones ante el ayuntamiento de Sant Boi a favor de la empresa de uno de sus íntimos amigos, José Antonio Orozco, que acabaron fructificando en beneficio del empresario a pesar de la existencia de varios informes técnicos en contra emitidos por los servicios municipales. Sólo tras las presiones de Blanco al alcalde de la localidad barcelonesa para que recibiera al amigo del entonces ministro y una reunión posterior entre el primer edil y el empresario, un técnico del consistorio se avino a modificar los criterios establecidos hasta ese momento con un nuevo informe –según consta en la instrucción del caso–, "carente de justificación."

Salta a la vista la afrenta jurídica que supone el que un cargo político presione a otra autoridad pública a favor de un allegado, una acción sobre cuya relevancia penal no debería existir duda alguna a estas alturas. Sin embargo, a juicio de la Sala de lo Penal, las gestiones de José Blanco para beneficiar a un empresario en sus tratos con la Administración Pública no pasaron de "meras solicitudes de información" que buscaban "el buen fin de un procedimiento con el que no se pretendía alterar el proceso, objetivo e imparcial, de la autoridad".

Tan asombrosa conclusión, contraria a todas las evidencias y al sentido común, no es en ningún caso un reconocimiento de inocencia por unas acusaciones injustas, sino la constatación de la manera favorable en que la Justicia trata a los políticos cuando sus actividades irregulares son sometidas a escrutinio. Como ocurrió con el expresidente valenciano Francisco Camps y tantos otros políticos en ejercicio que han pasado por los tribunales, sólo la existencia de una justicia politizada como la que por desgracia padecemos en España les permite salir prácticamente impunes aunque se reconozcan como ciertos los hechos que los llevaron al banquillo. José Blanco es sólo el último caso. Hasta el momento.