Cuando los jueces dan cobertura al acoso

Decía Sófocles que "ocasiones hay en que la justicia misma produce entuertos". No sabemos si la justicia en sí misma, pero desde luego una concepción estúpidamente garantista y, eso sí, muy progre del derecho los causa a cientos. Buen ejemplo de ello nos lo ha dado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelavega al acordar el sobreseimiento de una denuncia presentada por el alcalde de la localidad, Ildefonso Calderón, quien hace unos días sufrió el acoso de un piquete de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que se concentró a la puertas de su vivienda causando temor tanto a familiares como a vecinos.

El juez, sin embargo, no aprecia indicio alguno de que se cometiese delito o falta de injurias, amenazas o coacciones por lo que ha decidido valorar el acoso sufrido por el alcalde como si de un derecho constitucional a la manifestación se tratase.

Estamos seguros de que el juez no hubiera tenido este posicionamiento si hubiesen sido él y su familia quienes hubieran sufrido ese mismo hostigamiento a las puertas de su domicilio. Tampoco creemos que el juez se hubiera atrevido a dejar impunes estas acciones si, en lugar de ser protagonizadas por extremistas de izquierda contra un representante del PP, lo hubieran llevado a cabo partidarios de la extrema derecha a las puertas de la vivienda de un representante socialista.

Pero claro el sectarismo y el exceso de garantismo en beneficio del agresor y en perjuicio de la víctima no son algo nuevo en el mundo judicial. Lo que sí es novedoso, aunque también sea muestra de descarado sectarismo político, es que los desahucios sólo provoquen estas acciones de hostigamiento en función de si es el PP o no el partido en el Gobierno.

Tampoco ayuda nada a poner coto a estos acosos domiciliarios la calculada ambigüedad de quien es nada menos que presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, quien preguntado específicamente por estos mal llamados escraches nos ha salido con que "el de manifestación es un derecho constitucional y cada expresión de ese derecho puede no ser legal, depende cómo se desarrolle". Para mayor ambigüedad Moliner ha añadido que de los escraches "no se puede opinar en general, ni condenándolos, ni aceptándolos".

A la vista de estos posicionamientos judiciales, que en nada pueden tranquilizar a quienes sufren este tipo de acosos, más le valdría al Gobierno del PP llevar a cabo un esfuerzo legislativo para procurar mayor claridad a unos jueces que tan faltos parecen estar de ella hasta el punto de no percibir los "entuertos" que ellos mismos causan cuando otorgan impunidad al agresor e indefensión a la víctima.