El gobierno y la insumisión lingüística de la Generalidad

Dentro del rosario de resoluciones judiciales que han venido recayendo contra la inmersión lingüística que el gobierno catalán aplica a la población escolar, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de dictar diez nuevos autos judiciales, obligando a la Generalidad a garantizar el bilingüismo en otros tantos colegios donde varias familias así lo habían solicitado. Se trata de una resolución contra la que no cabe recurso ordinario y, por tanto, de aplicación inmediata, de forma que los alumnos beneficiarios puedan comenzar a estudiar utilizando el español como lengua vehicular sin necesidad de esperar al curso siguiente.

No obstante lo perentorio de la orden del TSJC, la consejera de Educación de Cataluña ha hecho gala de la habitual insolencia de los nacionalistas advirtiendo de que no tiene la menor intención de aplicar estas resoluciones judiciales. En consecuencia, y a pesar de que la Justicia les ha dado la razón, las familias afectadas van a seguir viendo cómo se vulneran sus derechos constitucionales gracias a la impunidad con que los nacionalistas catalanes actúan fruto de la pasividad del gobierno de la Nación. Si ya resulta vergonzoso que los padres que quieren para sus hijos una educación en la lengua oficial de España tengan que sufrir un viacrucis judicial para hacer valer ese derecho, el colmo es que, cuando al cabo de los años la Justicia les da la razón, las autoridades autonómicas se salten a la torera esas resoluciones judiciales sin afrontar la menor consecuencia por su evidente desacato.

Pero es el gobierno de España el que tiene en sus manos el poder de dar la vuelta a una situación que afecta a los miles de familias catalanas que quieren que sus hijos se eduquen también en español. No hay que olvidar que la educación es una competencia estatal transferida a las comunidades autónomas y que el gobierno de la nación tiene instrumentos suficientes para garantizar su ejercicio de acuerdo con la Constitución. Es el caso de la Alta Inspección del Estado, cuya misión fundamental consiste precisamente en supervisar el ejercicio de las competencias transferidas a las comunidades autónomas, a pesar de lo cual permanece prácticamente inédita en un asunto que ha sobrepasado todos los límites que aconseja la lógica prudencia en las relaciones institucionales.

Nunca nos cansaremos de insistir en que es el gobierno de España, detentador en origen de las competencias educativas, el que debe hacer posible que cualquier niño español pueda estudiar en su lengua materna, sin que ningún cálculo político fruto de las componendas habituales con los nacionalistas pueda hacerle desistir de esa vital obligación. Ahora que el envite nacionalista ha alcanzado su máximo apogeo es cuando el gobierno de Rajoy debe con mayor motivo hacer honor al juramento de fidelidad a nuestro orden constitucional. El mismo que los nacionalistas, por desgracia, llevan ya demasiados años vulnerando en un régimen de vergonzosa impunidad.