Un debate aburrido y una nación en crisis

Se supone que los ciudadanos de un país sumido en una crisis institucional, política y económica tan grave como la que padecemos tienen derecho a exigir a sus representantes algo más que entretenimiento cuando discuten sobre el estado de la nación. Lo cierto, sin embargo, es que la primera jornada del debate no ha conseguido ni siquiera eso, pues ha sido aburrida y previsible en extremo.

Tal y como era de esperar, Rajoy ha dedicado buena parte de su intervención a recordar la, ciertamente, desastrosa herencia recibida, para justificar con ella algunos de sus incumplimientos electorales, como la brutal y contraproducente subida de impuestos o la relacionada con la reducción del déficit . Teniendo presente que se comprometió ante Bruselas y ante los electores a situar el déficit en 2012 por debajo del 4,4%, y a hacerlo exclusivamente mediante la reducción del gasto público, Rajoy ni siquiera ha podido o querido confirmar que el empobrecedor aumento de la presión fiscal ha servido para que el desfase entre gastos e ingresos se sitúe por debajo del 6,3%, último tope de los muchos que ha ido renegociando con nuestros socios comunitarios. Lo más que el presidente ha dicho es que se situará "por debajo del 7%". Tampoco ha dedicado ni una palabra al histórico incremento de la deuda pública, el mayor que hay registrado España en un solo año. Rajoy puso el grito en el cielo en tiempos de Zapatero cuando la prima de riesgo de nuestra deuda soberana alcanzó los 200 puntos, pero ahora ve positivo que sólo esté en los 350.

No menos previsible ha sido al utilizar los buenos datos que ofrece la balanza comercial, únicos realmente positivos y que lo serían mucho más si Rajoy practicara las reformas y la austeridad que predica.

Junto a esta pretensión de ver brotes verdes en la economía, Rajoy ha querido adornar su discurso con anuncios estrella tan escasamente ambiciosos como el que permitirá, a partir de 2014, no tener que pagar el IVA hasta que no se haya cobrado la factura correspondiente, la línea de crédito de hasta 45.000 millones de euros para las pequeñas empresas y el endurecimiento de las penas que castigan la corrupción.

Habida cuenta de que lo anunciado respecto del IVA ya fue un compromiso que Rajoy hizo en su discurso de investidura, en diciembre del 2011, remitir su cumplimiento a 2014 resulta decepcionante. En cuanto a la línea de crédito para pymes, más valdría que, en su lugar, el Gobierno les aliviara la enorme presión fiscal que soportan y que no succionara el poco ahorro disponible en beneficio de un Estado absolutamente sobredimensionado. Finalmente, aunque el problema de la corrupción no sea, como dice Rajoy, el más grave que padece España, la raíz no está en la supuesta lenidad de nuestras leyes, sino en la falta de transparencia y en el exceso de intervencionismo, que multiplican las tentaciones de los políticos, así como en una justicia sumamente manipulada que con escandalosa frecuencia acude en auxilio de los políticos corruptos.

No sabemos si los nacionalistas consumarán su proyecto rupturista, pero parece seguro que sacarán tajada por haberlo intentado, a la vista de cómo Rajoy ha ofrecido diálogo a un Duran i Lleida disfrazado de cordero. El presidente del Gobierno ni ha advertido a los nacionalistas de las consecuencias de su proyecto rupturista ni ha denunciado su indignante manejo del dinero público. Tampoco ha hecho mención del clamoroso incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo por parte de la Generalidad en materia lingüística.

A pesar de su mediocre intervención, Rajoy lo ha tenido fácil para vapulear dialécticamente a un Rubalcaba instalado en la más previsible de las demagogias. Y es que basta recordar las altísimas cotas de deterioro económico y corrupción alcanzadas con el PSOE para desacreditar al líder socialista como alternativa creíble. Para colmo, éste no hace más que llamamientos al Gobierno para que se comporte de forma aun más irresponsable de lo que lo está haciendo.

Sólo Rosa Díez ha puesto el dedo en la llaga al reclamar la imperiosa necesidad de "refundar el Estado", reforma ciertamente clave para atajar la crisis tanto económica como nacional que padecemos. Así Díez ha criticado a Rajoy "por mantener el actual estado de las autonomías en vez de proteger y garantizar el estado del bienestar". Aunque nosotros consideremos al mal llamado Estado del Bienestar una máquina de despilfarrar recursos escasos, aun es peor, ciertamente la actual configuración del modelo autonómico. Sus duplicidades y redes clientelares socavan las posibilidades de recuperación económica, y sus fuerzas centrífugas someten a la Nación a tensiones insoportables, con la igualdad y la libertad como grandes perjudicadas.

También ha estado acertada la representante de UPyD al reclamar una ley de transparencia contra la corrupción y al criticar a Rajoy por considerar éste que hubiese sido nocivo aplicar el programa del PP en materia fiscal; pero sobre todo ya era hora de que alguien hablara de reformar la Constitución "no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI". Lamentablemente, Díez ha clamado en el desierto.