Una auditoría que no va a servir para nada

La reacción de Rajoy ante las graves sospechas de corrupción que pesan sobre el PP no ha podido ser más desafortunada. En realidad no ha habido reacción alguna, si por tal entendemos un compromiso firme para que se investigue a fondo, y con todas las consecuencias, el presunto pago de sobresueldos a altos cargos del partido. En su lugar, tras varios días de parálisis y nerviosismo, los populares tan sólo han atinado a anunciar una revisión de la contabilidad ya auditada, junto con una toma de declaración de la actual tesorera a los altos cargos susceptibles de haber incurrido en dicha práctica.

Esa nueva auditoría externa podrá detectar, siendo optimistas, alguna incorrección de carácter técnico en los asientos contables ordinarios, pero desde luego ningún auditor, por más experto que sea en la materia, va a poder determinar si el Partido Popular enriqueció ilegalmente a sus dirigentes a través de sobresueldos ajenos a los circuitos legales examinando únicamente los apuntes de la contabilidad oficial. Más absurda resulta todavía la pretensión de encontrar algún culpable, si lo hubiera, por el procedimiento de preguntar directamente a los sospechosos. No dudamos de la capacidad persuasiva y las dotes detectivescas de la nueva tesorera, pero resulta cuando menos dudoso que esa interpelación elemental vaya a tener como resultado una catarata de confesiones voluntarias.

En este ceremonial del despropósito que nos está brindando el PP a propósito del caso Bárcenas, justo es reconocer a Iñaki Oyarzábal el mérito de haber realizado las declaraciones más disparatadas y contraproducentes. Cuando pesan sospechas muy graves sobre la honradez de los altos cargos del PP y éstos no consiguen sino indignar a la ciudadanía con su falta de claridad y sus ambigüedades, no es de recibo que un personaje como el referido se atreva a exigir la persecución judicial de los medios de comunicación que se están dedicando a dar cuenta del escándalo.

En cuanto al PSOE, a salvo de lo que ocurra con el caso Bárcenas el partido más corrupto de la historia de España, sus dirigentes son capaces de exigir ejemplaridad a sus adversarios y anunciar incluso medidas legales contra ellos precisamente el mismo día en el que se destapan los chanchullos llevados a cabo en las contrataciones de su fundación. Soraya Rodríguez incluso ha llegado a afirmar que el pago de 600.000 euros a empresas de amigos y familiares de altos cargos es hasta "moral", sin atender al hecho de que los chiringuitos de los partidos se financian casi en su totalidad con dinero público, por lo que su utilización debería ser objeto de una especial ejemplaridad.

Por el momento, sólo cabe buscar sensatez en las palabras de la expresidenta madrileña. Esperanza Aguirre ha sido la única responsable del Partido Popular que ha exigido ejemplaridad a la Justicia y, sobre todo, mucha mayor celeridad de la que suele acreditar en los casos de corrupción que afectan a los partidos políticos. Además de esta reclamación para evitar la prescripción de los delitos, Aguirre ha dado un paso al frente con el nombramiento de Manuel Pizarro como fiscal que vele por la integridad del PP de Madrid, algo que debería ser incluso obligatorio en todos los partidos, habida cuenta de los ingentes recursos públicos que manejan.

La propuesta de Aguirre debería ser asumida en primer lugar por su propio partido a nivel nacional, y a continuación por todos los que ostentan la representación parlamentaria de los españoles. En caso contrario, el escándalo Bárcenas será sólo un ejemplo más de la corrupción estructural de una clase política empeñada en vivir en la impunidad.