El delito elevado a acuerdo de gobierno

Aunque no quieran entrar en el Gobierno autonómico, los representantes de ERC ya han mostrado su disposición a apoyar la investidura de Artur Mas, siempre y cuando este haga realidad su determinación de celebrar el ilegal referéndum de autodeterminación en esta legislatura.

Con independencia de que pueda o no llegar a perpetrarse, no sería la primera vez que la comisión de un delito forma parte de los acuerdos para nombrar presidente de la Generalidad catalana: hace dos años, sin ir más lejos, el PSC pactó con CiU su abstención en la primera investidura de Mas sobre la base de que este haría caso omiso a la entonces reciente sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba introducir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, junto al catalán. Ni que decir tiene que Mas ha perpetrado ese delito de desobediencia con el mismo agrado con el que celebraría la ilegal consulta soberanista que él mismo ha impulsado.

Hay algunos analistas, sin embargo, que ven desactivada la consulta soberanista por la simple y errada razón de que la ley catalana, no ya la española, impide ese tipo de consultas mientras no cuente con el apoyo de dos tercios del Parlamento autonómico.

Al margen de que cualquier ley catalana queda desactivada si pierde su entronque con la española, estos analistas parecen confundir los artículos 222 y 223 del Estatuto catalán, destinados a su reforma, con el artero artículo 122, destinado a consultas populares. Es este último tipo de consulta popular, y no el que contempla las reformas estatutarias, el que Mas ha planteado, y para dicha consulta no necesita ninguna mayoría cualificada. Tan sólo necesita hacer caso omiso a la referencia que en el referido artículo 122 de la ley catalana se hace a lo "previsto en el articulo 149.1.32 de la Constitución". Y es este artículo de nuestra Ley de Leyes el que dice que es el Estado el que tiene "competencia exclusiva" sobre la "convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

Desengañémonos. Para quien, como Mas, está dispuesto a saltarse la ley a la torera, ni la ley catalana ni la española serían obstáculo. La auténtica dificultad para que CiU pueda hacer realidad ese delictivo compromiso de gobierno radicará en encontrar apoyos para llevar a cabo, al mismo tiempo, los duros ajustes que le exige la reducción del déficit público, objetivo al que, si tenemos que tomar en serio a Rajoy y a Montoro, está condicionada cualquier ayuda del Fondo de Liquidez Autonómica. Y es que los únicos partidos que, en principio, podrían respaldarle en esa durísima política de ajuste –PP y Ciutadans– no parecen dispuestos a hacerlo mientras los nacionalistas no abandonen su idea de celebrar la ilegal consulta secesionista. En el caso de la formación de Albert Rivera, ni con esas.

Sólo ahí, y en el temor a que el resultado de la ilegal consulta pudiese resultar adverso, radica la auténtica posibilidad de que ese referéndum tenga que "meterse en el congelador", por utilizar la gráfica expresión empleada por Oriol Pujol. Claro que esa dificultad, aun muy presente, no es insalvable, como trataré de explicar en un próximo artículo.