Una epidemia nacional

Los síntomas, y sobre todo la actitud de la sociedad, no pueden ser más indicativos de que nos encontramos ante una epidemia que afecta a una parte muy amplia de nuestro marco político, económico y social, y que la población, lejos de optar por la vacunación preventiva, prefiere olvidar, adoptando una actitud equivalente a que nada ha ocurrido, y que todo discurre según la normalidad.

La epidemia a la que me refiero –pensé inicialmente que podría tratarse de una endemia, pero he visto que en muchos sitios cuecen habas– no es otra que la corrupción en todas las esferas de la actividad, se inocula indistintamente en el ámbito público y en el privado. Así las cosas, las posibilidades de convertirse en afectado son muy elevadas; los más honestos han de recurrir a actitudes verdaderamente heroicas para hacer frente al más que probable contagio.

De todo lo que circunda a la sintomatología de la enfermedad, lo más destacable es la capacidad de olvido que acompaña al agente patógeno. Cualquier afección, por generalizada que sea, deja de ser noticia en apenas unos instantes. ¿Será el instinto de supervivencia? Pero, aun así, ¿no merecía mayor espacio el informe del Tribunal de Cuentas sobre el despilfarro del recordado Plan E? ¿Se acuerdan? La esencia de la política económica de Zapatero, auxiliado por el inefable Rubalcaba. Pues, sí, el Tribunal ha dictaminado despilfarro en los recursos, y falta de control en las concesiones de las obras por los Ayuntamientos.

¡Cuántos votos no habrá captado el Plan E para el socialismo! Sin embargo, la resolución del Tribunal apenas ha ocupado un efímero espacio, y ha sido sepultada con rapidez inusitada. ¿No hay responsabilidades? ¿Nadie debe sentarse en el banquillo? Los responsables de aquello siguen sacando pecho en el Congreso y pidiendo cuentas a quien gobierna. El pueblo, a sufrir, y los de las tropelías a vivir, que son dos días. Mucha tinta se utilizó en su momento, para advertir de dos cuestiones puestas de relieve ahora por el Tribunal: la inutilidad del gasto (despilfarro) y la arbitrariedad en su contratación (corrupción).

Aunque la verdad es que si tuvieran que recordar, la vida resultaría imposible a los españoles. ¿Dónde queda el asunto de Caja Castilla-La Mancha, o los aeropuertos sin aviones, o el culto a la memoria histórica, o la multitud de personajes que, procesados o imputados, esperan el olvido social? La lentitud de los tribunales a la hora de dictar sentencia colabora a afianzar esa amnesia colectiva. En Estados Unidos, una sentencia dictada en junio de 2009 condenó a 150 años de cárcel al financiero Madoff, detenido sólo seis meses antes (diciembre de 2008). Nadie había olvidado. Eso son tribunales y eso es una sociedad que distingue el bien del mal, castigando el último y ensalzando el primero.

¿Habrán fallado las garantías procesales por tanta premura? Permítanme una sonrisa: ese argumento no es más que el refugio de la indolencia o, lo que sería peor, de la prevaricación.