La decisión del presidente, Juan Manuel Santos, de abrir "negociaciones de paz" con las FARC, tras un periodo de "contactos" secretos con la banda terrorista en Cuba y otros países, como él y un vocero de las FARC acaban de admitir públicamente, es el resultado de una acumulación de problemas irresueltos por parte del Gobierno.
Ese anuncio sobreviene tras el desplome de la popularidad del jefe del Estado, y en medio de la crisis de seguridad que vive el país. El aspecto más visible de esa crisis, pero no el único, son los episodios recientes de terror continuado en cuatro departamentos del sur, el atentado en Bogotá contra el exministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, la nueva ola de ataques a poblaciones y a infraestructuras eléctricas y las asonadas indígenas del Cauca, que pretendían beneficiar a las FARC sacando a la fuerza pública de corredores estratégicos para la seguridad nacional.
Para resumir, el plan de Santos de "dialogar" con las FARC no emerge en el mejor momento de su mandato, sino en una fase de declive en la que no se destaca el menor avance político, social o militar del Estado en su lucha histórica contra la subversión narco-comunista.
El plan es el resultado de la nueva relación de fuerzas impuesta por ésta al Estado. Es también la consecuencia de un mejoramiento de la posición de las FARC en el escenario internacional.
Las FARC han consolidado sus bastiones en Cuba, Venezuela y Ecuador, y cuentan con redes de simpatizantes en cada país del hemisferio, incluidos los Estados Unidos. Frente a esta amenaza, la acción diplomática colombiana ha sido inexistente.
Quiéranlo o no los publicistas del Palacio de Nariño, esa es la base política objetiva sobre la cual comenzará el nuevo intento de diálogo con las FARC. A esa desventaja estratégica se le suma otra: el error de Santos de aceptar el esquema predilecto del difunto Tirofijo de "negociar en medio del conflicto". Ese esquema, en el que cada colombiano muerto o herido por las FARC pesa contra Colombia en la mesa de negociación, explica por qué las FARC se crecieron cada vez que el Estado dialogaba con ellas.
Desde ya se puede ver que ese proceso, como los anteriores, no va a ser fácil ni promisorio para la democracia colombiana ni para la estabilidad del continente. Lo peor de todo es que esta concesión de Santos a las FARC costará la vida a cientos de colombianos.
Las FARC de hoy tienen poco que ver con las de 2010. Los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe impusieron a esas hordas una situación de desgaste, repliegue y aislamiento nunca antes vista. Las FARC perdieron cerca de 10.000 combatientes, entre muertos, heridos, capturados, extraditados y, sobre todo, desertores. Uribe había logrado la desmovilización de 52.000 hombres y mujeres en armas (35.000 paramilitares y 17.000 guerrilleros). La fuerza pública había sido capaz de expulsar a las FARC de vastos territorios, eliminar y encarcelar a una parte de su liderazgo, confundir y humillar a los jefes restantes, obligarlos a refugiarse en Venezuela y Ecuador. En numerosos combates y operativos, como los célebres Félix y Jaque, que el mundo entero admiró, el Ejército y la Policía demostraron que las FARC ya no podían estar seguras en ninguna parte. Y el optimismo volvió a renacer en el corazón de los colombianos.
Empero, en sólo dos años de gobierno de Santos esas conquistas se perdieron. El desmonte de la seguridad democrática, la tolerancia del Ejecutivo ante los desmanes del Poder Judicial y el agravamiento de la guerra jurídica contra las Fuerzas Armadas paralizaron a la fuerza pública, la confinaron a acciones defensivas y permitieron a las FARC retomar sus ofensivas, ocupar territorios, reactualizar sus redes locales e internacionales, montar atentados hasta en Bogotá, golpear a las comunidades indígenas, infiltrarse en los movimientos sociales, reforzar su negocio de drogas e imponer en la prensa y en los media su mentira acerca de la "salida negociada del conflicto".
Ahora sabemos que las FARC dialogaban en secreto con emisarios de Santos mientras secuestraban, sembraban minas, reclutaban niños, atentaban contra la población civil y exportaban drogas.
¿Qué va a negociar Santos en esas condiciones? ¿Qué les puede proponer, por ejemplo, acerca de sus cultivos y tráficos de droga? ¿Un statu quo? ¿Hasta qué punto es posible seguir llamando a eso "negociaciones de paz"? Diseñada por alguien para embellecer un acto que era y se confirmó nefasto para Colombia, esa fórmula caducó desde el fracaso de las reuniones de tres años en el Caguán. Lo que el presidente Santos se propone ahora tiene más el aspecto de otra cosa. Habría que abrir un concurso para determinar cuál es la definición más exacta del proceso que nos promete.
Pues lo que se abre no será una negociación de paz. Con las FARC eso es imposible. Lo muestra la experiencia de los últimos cincuenta años. En el bagaje intelectual de esa organización no existe la noción de intercambio, de negociación, de transacción leal. Como movimiento totalitario, las FARC sólo quieren el poder y todo el poder.
En ese sentido, nada tienen que ofrecer a los colombianos, salvo el caos, la destrucción de la economía de mercado, de la propiedad, de la religión, de las tradiciones; la abolición de la democracia y la esclavización de todos, como ocurre en Cuba y Corea del Norte.
A pesar del respaldo de algunos voceros de la comunidad internacional, el ambiente externo tampoco es bueno para esas negociaciones. Si Chávez es derrotado el 7 de octubre próximo, y si Cuba no consigue aplastar en sangre la revuelta ciudadana, los jefes de las FARC perderán sus guaridas. Si Chávez gana la elección, los problemas y la cólera de los venezolanos aumentarán. Con un Mitt Romney en la Casa Blanca, Washington podría abandonar el neutralismo de Obama respecto del chavismo y la suerte cambiará para los pueblos que padecen hoy el autoritarismo de los regímenes de izquierda.
Es posible que las negociaciones con las FARC hagan aún más impopular a Santos y le cierren toda posibilidad de ser reelegido.
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