Juan Manuel Sánchez Gordillo es el paradigma de la izquierda reaccionaria. Anticapitalista, palestinófilo, israelófobo, antiamericano, admirador de Chávez, anfitrión de proetarras, encarna modos e ideas que muchos creían enterrados en el basurero de la Historia desde el colapso del abominable Imperio soviético, con su pavorosa ineficiencia y sus veinte millones de muertos. Nada más lejos de la realidad, como por desgracia nos está tocando comprobar este verano. La crisis económica, provocada y agravada por el Estado omnipresente y sus gestores, adictos al intervencionismo y la ingeniería social, está dando alas a sujetos como el alcalde de Marinaleda, enemigos jurados de la democracia liberal y fanáticos del resentimiento, la envidia, la demagogia obscena y la violenta acción directa.
Los poderes públicos deben hacerles frente con contundencia y sin contemplaciones, pues representan una amenaza de primer orden. Especialmente aquellos que ostentan cargos públicos y se valen de ellos para deslegitimar las instituciones, transgredir las leyes y coaccionar a la ciudadanía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto diligencias contra Sánchez Gordillo por las acciones que perpetró durante la huelga general del 29 de marzo. Es una muy buena noticia. Es preciso que no sea la única. Que pague por sus desplantes, desmanes y ultrajes.
Ahora bien, la lucha contra estos liberticidas no ha de correr sólo por cuenta de los poderes públicos. Tiene que darla también, o sobre todo, la sociedad. En efecto, la ciudadanía debe denunciar sus acciones y planteamientos, practicar la tolerancia cero contra semejantes intolerantes y mostrar un rotundo rechazo hacia los oportunistas y tontos útiles que les hacen el caldo gordo.
Somos más y somos mejores. Pero hay que demostrarlo. Demostrárselo.