Rajoy remata la faena de Zapatero

Muchos liberales aceptan, incluso creen imprescindible, la existencia de autoridades de la competencia que vigilen los excesos que los monopolios privados pueden llegar a cometer aprovechándose de su posición, situación que se suele calificar de "fallo del mercado". Sin embargo, es un error frecuente olvidar que el Estado está formado por instituciones y personas con sus propios intereses y capacidades, y que también yerra; y con frecuencia. La decisión del Gobierno sobre la fusión de Antena 3 y La Sexta es un buen ejemplo.

Cabría pensar que la formación de un duopolio en un mercado tan delicado para la democracia y el pluralismo como es el de la televisión en abierto sería impedida por un tribunal de la competencia digno de tal nombre. No sólo no ha sido así, sino que en decisiones anteriores dificultó que alguien, alguna vez, pueda plantar cara a los grandes. Así, los mismos que no ven problema en que los dieciséis canales privados nacionales de mayor audiencia estén en manos de dos empresas, que comparten contenidos y gastos de producción, prohibieron antes que compañías bastante más pequeñas vendieran y emitieran de forma conjunta los mismos bloques de publicidad. Tal decisión abocó a muchas de ellas al cierre o a una reducción tal de su producción que les impide ser competitivas y amenazar la posición de los dos mastodontes que ahora dominan el panorama mediático español. Es decir, lo contrario a lo que se supone debe conseguir un tribunal de la competencia.

La patética excusa que la Comisión Nacional de Competencia adujo entonces era que los anunciantes resultaban perjudicados, al compartir varias cadenas tanto los espacios como los canales de venta; lo cual no impidió que autorizara primero la fusión de Telecinco y Cuatro y ahora la de Antena 3 y La Sexta. Es cierto que, en este último caso, y sólo en este último caso, quiso impedir que la compañía resultante vendiera toda su publicidad de forma conjunta y formara una pauta única al emitirla entre sus principales cadenas. Pero ahí viene el último clavo en la tumba del pluralismo y la competencia: con excusas traídas por los pelos, el Gobierno ha decidido levantar esa restricción, que amenazaba con desbaratar la operación.

No cabe duda de que la principal parte de responsabilidad en este desafuero ha sido del Gobierno socialista, que regaló primero a Roures un canal en abierto, facilitó después a Polanco convertir Canal + en Cuatro, concedió a Roures la posibilidad de abrir Gol TV y finalmente levantó las restricciones que impedían que el mercado televisivo se concentrara. Pero es triste que el Gobierno popular se haya sumado a esta tarea liberticida, con una decisión, por otra parte, tan poco conveniente para España como para sus propios intereses. Es triste, sí, pero no sorprendente, habida cuenta de la incapacidad proverbial de la derecha política para la comunicación.

Rajoy, como Aznar antes de él, quiere tener su propio Polanco, y cree haberlo encontrado en el dueño de Planeta. Poco importa el fracaso de la anterior operación, que demostró la incapacidad de la derecha para estos enjuagues. A largo plazo, sólo una guerra planteada desde la trinchera de las ideas puede permitir a la derecha española dejar de ser el reemplazo en el Gobierno cuando la izquierda deja el país hecho unos zorros. Pero el PP siempre ha pensado que basta con que las teles alaben su gestión para ganarse a los ciudadanos. Fracasará. Y cuando vuelva a perder las elecciones no sería extraño ver cómo el monstruo mediático que ha creado se vuelve en su contra. No sería la primera vez.