Aunque sea con retraso, bien está que el ministro del Interior haya dado orden de detener al grupo de sindicalistas que, liderado por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, asaltó el pasado martes dos supermercados en los que fueron sustraídos por la fuerza una docena de carros repletos de alimentos.
Acostumbrado a vivir a costa del contribuyente, Sánchez Gordillo tal vez se crea que basta con calificar de "expropiación alimentaria forzosa" el robo de alimentos en un supermercado para que deje de ser considerado un delito. Pero ni la manipulación del lenguaje, ni el hecho de que los alimentos sustraídos fueran destinados a una ONG, ni el hecho de que Sánchez Gordillo sea alcalde y diputado del parlamento andaluz, justifican la impunidad de sus delitos. Todo lo contrario.
Y más aun cuando Sánchez Gordillo, tras su activa colaboración en la organización del robo, se ha permitido amenazar con nuevos asaltos al decir que "como esto no cambie, van a tener que poner un cordón policial en cada supermercado".
Por mucho que él no entrara en los supermercados y su participación en los hechos se limitara a labores de organización y de "distracción" de la policía en el momento en el que se perpetraba el delito, es evidente que si Sánchez Gordillo ha colaborado activamente en estos asaltos es porque considera que no le van a traer consecuencias penales y que ni siquiera le va a costar la continuidad en el cargo. De hecho, esa convicción bien puede haberla alimentado el nulo perjuicio que, en el pasado, le han ocasionado sus no menos ilegales ocupaciones de fincas. El tiempo dirá, sin embargo, si esta vez también se va de rositas.
Lo que sí podemos ya advertir es que como no cambie esta situación de impunidad, política y penal será necesario, efectivamente, un cordón policial en cada supermercado. Claro que, si esos cordones policiales van a mantener la misma bochornosa y sorprendente pasividad que los agentes mantuvieron el pasado martes mientras se producía el robo tampoco servirán de mucho.
De hecho, esta es la única crítica que se le podría haber dirigido al ministro como máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y no los improperios que Sánchez Gordillo se ha permitido dirigirle, tales como "franquista", "fascista" o "terrorista de estado".