Si las informaciones sobre una trama de corrupción en el ministerio del Interior revestían una singular gravedad, los nuevos datos que apuntan a todo un complot destinado a espiar al por entonces principal partido de la oposición suponen un salto cualitativo no sólo en las posibles responsabilidades penales, sino y sobre todo, en las políticas.
Con la primera parte del caso Interligare se sembraban serias dudas sobre la época de Rubalcaba en Interior, ya antes sometida a más que razonables sospechas; ahora esas dudas se multiplican y se elevan a lo más alto del ministerio.
Porque tras lo aparecido en El Mundo este lunes lo que tenemos sobre la mesa es, con todos los "presuntos" que correspondan, a un grupo de corruptos que devolvía los favores económicos de Interior controlando a los rivales políticos del ministro.
Es decir, que de confirmarse todos los datos que hasta ahora conocemos, Rubalcaba tendría que estar forzosamente a ambos extremos de la cadena de favores, por así llamarla, que Interior habría establecido con Interligare. En ningún caso se podría atribuir ninguna de las dos conductas, ni la corrupción económica ni el espionaje ilegal, a un grupo de altos cargos descarriados y descontrolados.
A todo esto se suman, además, pruebas circunstanciales que no aportan elementos de por sí condenatorios, pero que sí arrojan luz sobre los hechos: desde las propias denuncias que Cospedal hizo en su día sobre escuchas a miembros del PP, que coincidirían en el tiempo con la actividad de Interligare; hasta el amenazante desliz con el que Rubalcaba se dirigió al popular Carlos Floriano: "Veo todo lo que haces y oigo todo lo que dices". Una frase que cobra ahora nuevos y reveladores matices.
El principal interesado en el asunto ha despachado la cuestión con un lacónico "sin comentarios" que no es suficiente. Y no lo es tanto por la gravedad de los hechos, como por la aparente solidez de las acusaciones, un extremo que hoy mismo destacaban en esRadio dos de los principales sindicatos policiales.
Pero tampoco lo es porque la propia trayectoria de Rubalcaba invita a cualquier cosa menos a ser optimistas: el líder socialista se ha visto de una u otra manera relacionado con los peores casos de corrupción de las últimas décadas, desde el GAL que en repetidas ocasiones negó hasta el Faisán todavía por aclarar, pasando por comportamientos abiertamente antidemocráticos y de dudosa legalidad como todo lo relacionado con el 11M, sus días posteriores y su investigación.
En otro orden de cosas, el escándalo debe ser también una advertencia para el PP sobre la importancia de limpiar lo que se ha dado en llamar "las cloacas de Interior". Es cierto que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha renovado a prácticamente toda la cúpula policial, pero sorprende ver como uno de los presuntamente implicados en este turbio asunto sigue siendo asesor del ministro. El 11M debería enseñar a los populares lo mucho que pueden jugarse.
Por último, sólo queda desear que en su recorrido judicial este caso encuentre un juez que esté a la altura de las circunstancias y al que no le tiemble la mano a la hora de demostrar que, efectivamente, la Justicia es igual para todos. Ejemplos como el de Mercedes Alaya y su brillante y profesional trabajo con los ERE deben ser un acicate: es posible, aunque sea contra todo y contra todos, ser un Juez digno de tal nombre.