Soraya Rodríguez se ha revelado como una gran constitucionalista, una jurista de raro genio. Dice la diputada que el PP, al amenazar con recurrir al artículo 155 de la Constitución, ése que permite al Gobierno meter a las Comunidades Autónomas en cintura, pretende dar un golpe constitucional. Es decir, lo que Rajoy se propone es dar un golpe, se supone que de Estado, por la vía de aplicar la Constitución. Es lo que Soraya llama golpe constitucional. ¿Y es eso posible? Posibilísimo.
Naturalmente, para poder dar un golpe de Estado mediante la aplicación inclemente de la Constitución es necesario que ésta haya dejado de estar vigente, al menos en la parte cuya aplicación se pretende. Y eso es lo que ha ocurrido en España: determinados artículos de nuestra Carta Magna ya no están en vigor a consecuencia de la aprobación de otras leyes que, aun contrarias a la Constitución, al estar vigentes, ser de obligado cumplimiento y no haber sido declaradas inconstitucionales, la han modificado de facto.
Así que nuestra ley de leyes ya no es la Constitución de 1978, sino que está integrada por algunos artículos de ella, pero no todos, determinadas leyes y normas que la han modificado, los estatutos de autonomía y, sobre todo, una serie de costumbres, de normas no escritas, que nuestros políticos han ido haciendo suyas, y nuestras, desde que entró en vigor.
La conclusión paradójica a la que conduce esta realidad es que algunos artículos de la Constitución podrían ser inconstitucionales. Y eso es lo que viene a decir la portavoz socialista en un relámpago de genialidad: que el artículo 155 de la Constitución Española es inconstitucional y el Gobierno no puede recurrir a él sin estar dando, de hacerlo, un golpe de Estado. Es así porque las Comunidades Autónomas han alcanzado tal grado de soberanía, amparadas por sus estatutos y leyes y la inactividad de los sucesivos gobiernos de la nación, que hoy día no pueden ser intervenidas sin que el intentarlo no implique de alguna forma un golpe de Estado.
A esta situación no se ha llegado porque sí. Ha ocurrido porque se ha permitido a Cataluña y al País Vasco ‘ciscarse’ en la Constitución en sucesivas ocasiones. Y el resto de Comunidades, por no ser menos y en base al principio constitucional conocido como café para todos, han hecho en mayor o menor medida lo mismo. Y la prueba de que las cosas son así la tienen en que, a pesar de todo lo que dice la Constitución, en Cataluña no es posible estudiar en castellano desde hace lustros y, no obstante varias sentencias del Tribunal Supremo, a ningún gobierno de la nación, socialista o popular, se le ha pasado por la cabeza intervenir.
Diga usted que sí, doña Soraya, en la España de hoy aplicar algunos artículos de la Constitución es inconstitucional e implica dar un golpe de Estado. Sólo falta que también lo diga el Tribunal Constitucional. Al tiempo.