Tras la dimisión de Carlos Dívar de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, el procedimiento para designar sustituto se ha saldado con una victoria en toda regla de los vocales próximos al PSOE, que han colocado al frente del órgano de los jueces a Gonzalo Moliner, miembro destacado de la prosocialista asociación Jueces para la Democracia.
La jugada de Gómez Benítez no ha podido resultar más redonda para sus intereses y los del partido al que tan bien sirve. Primero consiguió desbancar del Consejo a Dívar, sobre el que pesaban serias acusaciones de actuaciones impropias que más tarde resultaron ser habituales entre el resto de los miembros, aunque todos se hayan negado a dar cumplidas explicaciones como sí hizo el primer implicado. Consumada la decapitación orgánica del anterior presidente, los vocales de obediencia socialista han formado una oposición granítica a cualquier opción de recambio que no procediera de sus filas para, finalmente, y tras varias y largas reuniones, recaer en uno de su cuerda como desde el principio era la intención de todos los implicados.
El gobierno del Partido Popular, con mayoría más que absoluta, tiene ahora al frente del órgano supremo de los jueces a un presidente caracterizado, entre otras cosas, por su férrea oposición a la política económica que está llevando a cabo el ejecutivo con especial énfasis en la reforma laboral, una modificación legislativa de orden social cuyos aspectos más polémicos van a ser dilucidados por jueces cuyo futuro en el escalafón depende de un órgano presidido por alguien con un criterio más que definido a este respecto.
Nada habría que objetar si los nombramientos de los órganos judiciales se realizaran de forma independiente por miembros de la carrera profesional como exige la Constitución, pero dado el intervencionismo apabullante con que los partidos políticos manejan la Justicia en España, es evidente que el PSOE ha jugado muy bien sus cartas y el PP muy mal; o sea, como siempre.
El proyecto de Gallardón basado en devolver la independencia a la Justicia, que aquí saludamos en su día convenientemente, chocó días después con la asombrosa declaración del interfecto aclarando que esa imprescindible labor de regeneración democrática sólo se llevaría a cabo con el beneplácito del PSOE, un partido al que el actual modelo sectario no deja de proporcionarle alegrías como su victoria en la elección del presidente del CGPJ.
Mal puede alcanzar el ministro ese consenso regenerador si de la voluntad de los socialistas depende pero en todo caso, dejando al margen episodios grotescos como el descrito, el gobierno tiene como primera obligación atender a los intereses generales en todo momento, especialmente en un terreno tan sensible para la seguridad jurídica de todos. Los españoles no merecemos una Justicia politizada. El PP, desde luego que sí.