No es casualidad que haya sido precisamente Unión Progreso y Democracia quien ha presentado la querella contra la cúpula de Bankia. El pequeño partido de Rosa Díez es el presidente de la asociación de damnificados por el sistema. Creen los dirigentes de ese partido, con razón o sin ella, que es eso, el sistema, lo que impide a UPyD obtener los resultados que con otras reglas del juego lograrían. Por eso el leit motiv de su programa es la subversión del sistema. Presentar una querella contra los dirigentes de Bankia, casi todos ellos parte de aquél en cuanto políticos del PP y del PSOE, es querellarse contra el sistema mismo.
El juez Andreu, aspirante a juez estrella, como todos en la Audiencia Nacional, ha asumido perfectamente el carácter cuasi revolucionario del proceso que acaba de iniciar cuando en el auto de admisión dice que hay "un perjuicio económicamente evaluable a todos y cada uno de los accionistas de Bankia, debido a la denunciada disposición fraudulenta de los bienes de la Sociedad realizada mediante una gestión social en la que habría prevalecido el favor político al rendimiento económico". Si las cajas están para dispensar favores políticos, el sistema que las transformó en lo que hoy son está podrido. La querella incluye además una bomba de relojería contra el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, elementos asimismo clave del sistema, sin cuya complicidad o negligencia los dirigentes de Bankia jamás hubieran podido, según los querellantes, perpetrar los delitos que les atribuyen.
A la trascendencia política y mediática de la admisión a trámite no es ajena ni mucho menos la negativa del PP, con la colaboración vergonzante del PSOE, a que el Congreso investigue lo ocurrido en Bankia. Si los dos grandes partidos hubieran pedido luz y taquígrafos, el sistema habría tenido una oportunidad de demostrar su capacidad de regeneración y la querella no habría tenido tanta relevancia. Ahora todo se ventilará en los tribunales, mucho más cuando Bankia podría muy bien ser tan sólo la primera en pasar por el banquillo a la espera de que lo hagan otras.
Tampoco es cuestión baladí que las cajas, Bankia y las demás, hayan sido responsabilidad de las comunidades autónomas. Son estas administraciones las que son consideradas responsables del despilfarro que nos ha llevado a la situación que padecemos. Una condena de los consejeros de Bankia afectaría no sólo a las personas, también a las instituciones responsables de la gestión. En la práctica, sería el sistema el condenado. Si Gobierno y oposición quieren salvarse de la quema, tendrán que presentarse como los reformistas del mismo. Lo que implica, entre otras cosas, cargarse las autonomías de una u otra forma. Si no lo hacen, la probable condena se extenderá a ellos. Y eso es en definitiva lo que UPyD pretende. Que su éxito sea o no deseable es harina de otro costal.