La excepción española

De creer a un variado grupo de partidos políticos, autonomías y medios de comunicación, la sanidad pública y la salud de los ciudadanos está en peligro grave e inminente. Las reformas emprendidas por el Gobierno con la intención de moderar su coste causarán, nos dicen, daños irreparables y son, además, injustas. La extensión del copago farmacéutico despierta rugidos y la exclusión de cientos de medicamentos de la financiación pública tiene ya sus dictámenes desaprobadores. Bien. Tal vez ha llegado la hora de hablar en serio y con los datos en la mano. Se puede empezar por la publicación de una lista muy instructiva. La lista de los países de nuestro entorno, unos más ricos, otros menos, que ya vienen aplicando medidas similares y otras de mayor enjundia. Porque, oh, sorpresa, la sanidad no sólo es cara: es cada vez más cara. Lo es aquí, como lo es en Suecia, pero en España se había preferido vivir de espaldas a esa evidencia.

En Alemania no se pagan diez euros por consulta ni se contribuye al coste de las medicinas por ganas de fastidiar a los enfermos ni para que hagan su agosto las clínicas privadas. Allí, como en Portugal, en Bélgica, en Dinamarca, en el Reino Unido o en la citada y envidiable Suecia, han tenido que poner algunos frenos –tickets moderadores se llaman– a un gasto sanitario creciente. Creciente también, por cierto, donde no hay nada parecido a una administración autonómica. Y no se han debido de equivocar del todo cuando resulta, por ejemplo, que sus facturas farmacéuticas son mucho más reducidas que la española. Eso no ocurre porque los daneses, pongamos, sean por naturaleza menos pildoreros que los españoles. Sucede que cuando uno toma alguna conciencia del coste de un servicio es probable que lo use de manera más responsable. El uso responsable es una de las condiciones sine qua non para evitar la quiebra del sistema. El camino seguro hacia la liquidación de la sanidad pública era dejar las cosas como estaban.

Los populistas de turno se oponen, por supuesto, a cualquier medida correctora que implique pagar, sabedores de que el "gratis total" siempre tiene un público. Pero aún hay casos más hirientes, como el amotinamiento de la comunidad autónoma vasca. Gracias a la estafa del cupo dispone de más recursos, y se puede permitir esas alegrías. Qué gran ocasión va a desaprovechar el Gobierno para acabar con ese hurto pactado.