La sentencia del Tribunal Constitucional que permite la inscripción en el registro de partidos políticos de la última franquicia política de la ETA, Sortu, pone de nuevo sobre el tapete la necesidad de reformar un órgano que se ha caracterizado siempre por extralimitarse en las funciones que constitucionalmente tiene asignadas.
En contra de lo que viene ocurriendo con insistencia en los últimos tiempos, el TC no es ni un tribunal de casación ni un órgano superior en la jerarquía judicial capacitado para revisar asuntos que el Tribunal Supremo ha sentenciado como cosa juzgada. A esta usurpación ilegítima de funciones que no le son propias, se une el hecho de que los miembros del Constitucional, excepto una parte muy reducida de sus miembros, jamás han puesto una sentencia porque no proceden de la carrera judicial, de manera que su criterio, ni siquiera en el plano técnico-jurídico, puede ser superior a los magistrados del Supremo, todos ellos con décadas de servicio a la Justicia en juzgados y tribunales en sus distintos niveles.
Por todo ello resulta muy pertinente la reflexión de la presidenta madrileña, proponiendo un encaje más adecuado del TC como integrante del Supremo en una sala especializada de las varias que ya lo integran. En efecto, si el Constitucional se comporta como un departamento más de la escala judicial española, lo más apropiado es que pase a formar parte de esa jerarquía con unos miembros elegidos de la misma forma que los integrantes del resto de órganos de nuestro sistema judicial.
Como siempre que algún político dice lo que piensa el común de los ciudadanos, el resto de la casta no ha tardado en criticar con el desdén habitual esta reflexión de Esperanza Aguirre llena de sensatez. Hasta su propio partido, haciendo honor a su más reciente ejecutoria, se ha sumado a la protesta general de la clase política, intentando desvirtuar la opinión libre de una política que se ha caracterizado siempre por decir lo que piensa sobre las graves cuestiones que afectan a la nación.
Si no están de acuerdo con Aguirre, sus compañeros deberán explicar entonces por qué los ciudadanos tenemos que soportar que un órgano creado en la constitución para ventilar asuntos generales que tienen que ver con la interpretación de la Carta Magna, se haya convertido en una especie de tribunal plenipotenciario que hace y deshace a su antojo en asuntos que ya han sido juzgados por los tribunales competentes en cada materia. De nada vale lamentarse por la legalización del brazo político de una banda terrorista, auténtica vergüenza nacional, si los mismos que aparentan protestar contra este despropósito se niegan a ponerle remedio.
Si no están de acuerdo con Aguirre que expliquen por qué y propongan una solución mejor, porque tal y como funciona actualmente, este Tribunal Constitucional no puede seguir abusando de los españoles ni un minuto más.