La "Agrupación para la ruina de la Constitución", secta ideológica y políticamente obediente que ostenta la mayoría en el Tribunal Constitucional, ha vuelto a perpetrar una de sus viles acciones, emitiendo un infame salvoconducto para que la ETA política siga campando a sus anchas –superando todos los controles, henchida de gozo y perpleja ante nuestra torpeza– por las instituciones democráticas de la Nación española.
Los profesores universitarios –que no jueces de carrera– del llamado Tribunal Constitucional han vuelto a llevar la contraria a los jueces que quedan en ese tribunal y a los jueces del Tribunal Supremo, así como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que respaldó las anteriores ilegalizaciones del mundo proetarra, no sólo por los medios terroristas empleados sino por los fines totalitarios y sediciosos perseguidos. En resumen, el Tribunal Constitucional ha ilegalizado al Tribunal Supremo en vez de a la ETA.
No me da la gana de entrar en finos análisis jurídicos cuando las normas son violentadas con vileza y sin vergüenza por quienes habrían de velar por su salvaguarda. Sobran los matices cuando nos enfrentamos a la traición y a la prevaricación de unos señores que previamente han convertido en impunes todos sus actos.
Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Luis Ignacio Ortega, Adela Asua y Pablo Pérez Tremps son los nombres de la infamia, los verdaderos hombres de negro del pueblo español; pero son sólo la voz de su amo, los ejecutores de una política que no pretende hacer cumplir nuestras leyes sino blindar un proceso de negociación con la mafia etarra basado en la rendición del Estado español. Y van ganando. Poco a poco han conseguido ablandar los resortes del Estado hasta dejarlos amorfos e inertes, paralizados, capitulados. Pero el Estado no es la Nación española. Somos millones los españoles que no nos rendimos y que no vamos a asumir mansamente la derrota que nos quieren procurar desde las instituciones, y volveremos desde la sociedad civil a reclamar la victoria de España frente al terror, exigiendo al gobierno de la Nación la disolución no de la ETA sino del TC. Respecto de la ETA exigimos la ilegalización de todas sus marcas políticas y el aplastamiento de la banda terrorista en todas sus expresiones.
La legitimación de los crímenes pasados, y la facilitación de los futuros, es la principal consecuencia de la acción de Pascual Sala y sus secuaces. El deshonor y la vergüenza ya es suyo. La injusticia y el peligro es para nosotros. De los traidores no esperemos nada, salvo verles navegar a la deriva sobre los restos de un sistema decadente. De los traicionados, del pueblo español, de la sociedad civil, hemos de esperar que tengan, que tengamos, la consciencia de la situación que estamos viviendo, la determinación para defender nuestros derechos como españoles y nuestra dignidad como Nación, y la clarividencia para provocar con nuestras escritos, denuncias, movilizaciones y protestas una rectificación de fondo en la política antiterrorista, para volver a la senda que nunca debimos abandonar.
Dicho lo cual –y esto se lo dirijo a los que se parapetan y esconden su vileza, su cobardía o su flojera, !igual da!, tras el discurso-cantinela del respeto a las instituciones–, yo no tengo empacho en decir que ni comparto ni respeto ese infame y sanguinolento salvoconducto que quieren llamar sentencia, y que me ha producido la misma sensación que tuve al leer las cartas de extorsión etarra que recibía mi abuelo. A esto lo han llamado sentencia. A aquello lo llamaban impuesto revolucionario.