Si alguna vez hay justicia en España, después de enjuiciar al Presidente del Gobierno y condenar a Rubalcaba y a la cúpula del Ministerio del Interior por el caso Faisán, modelo de colaboración con banda armada al más alto nivel, se encontrará la manera de castigar la faisanada judicial que acaba de perpetrar el Tribunal Constitucional –que ni es Tribunal ni defiende la Constitución– y que ha instalado una especie de jaima golpista en el ático del Estado para anular las sentencias firmes del Supremo contra la ETA.
Lo de menos es que la legalización se haya producido por 6 votos –todos del PSOE, según leo– contra 5, y que la hayan consumado unos vocales que tienen su mandato caducado y más que caducado. Lo de más, a mi juicio, es que por segunda vez se anula una sentencia firme del Tribunal Supremo contra una marca electoral de ETA. Y que se hace tras una ponencia de la inagotable aunque caducada Pérez Vera, tan grosera intelectualmente y tan descarada políticamente que produce bochorno comentarla.
El Tribunal Constitucional, repito, no es constitucional porque no defiende la Nación ni su Constitución, pero es que además no es un tribunal, no es el Supremo del Supremo y, sin embargo, ha invadido, anegado y ahogado las competencias legítimas y exclusivas del Tribunal Supremo. Y lo ha hecho por dos veces para echarle políticamente una mano a la ETA, porque legalmente el único que tiene capacidad y atribuciones para juzgar un caso de terrorismo es, sobre la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. Como están ocupados echando a Dívar, no tienen tiempo para defender su fuero.
Pero dado que a los del Supremo, a los del Constitucional y a los del CGPJ los nombran los partidos políticos, uno alberga la legítima duda de que esta fechoría en el vigésimo quinto aniversario de la matanza de Hipercor se ha perpetrado por consenso del Gobierno del PP y el ex-Gobierno del PSOE. Como los programas de manga ancha para los etarras dizque arrepentidos, inventados por el PSOE y continuados por el PP, el Tribunal Constitucional sigue transitando su propia Vía Nanclares e imitando el vuelo del faisán. La forma de celebrar la Constitución de Cádiz por parte del TC ha consistido en preferir una vez más la palabra de la ETA a los informes policiales y las sentencias del Supremo. Y el Gobierno, no sabemos si a favor o en contra; y el Rey, entre petrodólares y ferraris. España no es un Estado, es un corral de ovejas pastoreado por gente de dudosa, cuando no penosa, reputación.