A pesar de fracasar en el ámbito judicial, la campaña política y mediática dirigida contra el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha cosechado tal éxito que ya nadie duda de que Carlos Dívar presentará su dimisión el próximo jueves. Hasta tal punto ese cese se da por descontado que el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, ya se ha adelantado a ella para anunciar que sus objetivos al asumir el cargo de presidente en funciones será el de recuperar la credibilidad de los ciudadanos en la justicia y lograr la "máxima transparencia" en el Poder Judicial.
Ciertamente, a tenor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cese de Dívar produciría una inédita bicefalia, pues Rosa lo sustituiría en funciones al frente del Consejo, mientras que el magistrado Juan Xiol Ríos lo haría en la presidencia del Tribunal Supremo por ser el presidente de sala más antiguo del Alto Tribunal. Muchos se preguntan por cuanto tiempo se mantendrá esta situación teniendo en cuenta que el mandato del actual órgano de gobierno de los jueces expira en 2012, y que este se encuentra completamente fracturado sin perspectivas de alianzas entre los vocales nombrados a propuesta del PP y del PSOE.
Es un secreto a voces que la caída de Dívar no es más que un exponente de la politizada lucha que se vive en el seno del Consejo, tal y como corresponde a la bochornosa designación de sus miembros a cargo de los partidos. La incógnita, pues, a despejar, debería ser cuándo va el Gobierno a llevar a cabo la reforma judicial prometida por el ministro Gallardón nada más acceder a su cargo consistente en recuperar, en buena medida, la separación de poderes mediante el restablecimiento de la fórmula de elección de los miembros del CGPJ que existía hasta 1985.
Aquella separación de poderes fue pulverizada por el gobierno de González al grito guerrista de "Montesquieu ha muerto", y el anuncio por parte de Gallardón de su restablecimiento, junto con el de otras reformas que tampoco han sido llevadas a cabo, nos hizo albergar esperanzas.
Ahora que ya todos dan por "muerto" a Dívar, la cuestión es si el Gobierno de Rajoy va a "resucitar" a Montesquieu o, por el contrario, todo lo anunciado por Gallardón va a quedar en una de esas reformas que el Gobierno predica pero no practica.