Los anglosajones han popularizado, en el terreno económico, una expresión, too big to fail –en castellano, "demasiado grande para caer"–, que describe la situación de un banco o de cualquier otra institución financiera cuya quiebra tendría consecuencias sistémicas desastrosas sobre la economía, y que por consecuencia es necesario rescatar por los poderes públicos para evitar ese desastre.
A la vista de la pasividad –cuando no renuencia– de los más altas instancias del Estado y del sistema de administración de justicia por esclarecer todo lo que falta por conocer de la masacre del 11-M, daría la impresión de que nuestros poderes públicos consideran preferible cerrar un asunto tan grave con la desacreditada versión oficial antes que llegar al fondo de una verdad que pudiera tener consecuencias en nuestro devenir democrático aun más graves que las que ya tuvo la propia matanza.
Aunque la instrucción de la causa del 11-M fue bochornosa por muchísimas razones, lo fue fundamentalmente por un hecho tan esencial como el de que la pericial de explosivos sólo pudo llevarse a cabo con 23 míseros fragmentos, previamente lavados, además, con acetona. La razón de ello es que, por mucho que los peritos pidieran expresamente más muestras para analizar, la respuesta fue siempre que todos los vagones afectados habían sido fundidos; algo que, ya de por sí, venía contravenir la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el propio reglamento de los Tedax.
Sin embargo, el descubrimiento por parte de Libertad Digital, a finales de febrero de este año, de los restos de uno de los focos de explosión, que había permanecido oculto durante ocho años, reanimó las esperanzas de muchos por llegar a esclarecer ese decisivo cabo suelto. De hecho, el fiscal general del Estado ordenó la apertura de diligencias por si la ocultación pudiera ser constitutiva de algún tipo de delito de obstrucción a la Justicia.
Increíblemente, sin embargo, el fiscal de Madrid encargado de esas diligencias –un hombre de la confianza del anterior fiscal general del Estado, Candido Conde Pumpido– acaba de decidir archivarlas al considerar que "la cadena de custodia está perfectamente detallada y que por tanto no ha habido ninguna ocultación de ese posible material probatorio" a las autoridades. Vamos que, por no querer entrar a desenmarañar el ovillo, la Fiscalía ha decidido, simplemente, cortar el hilo.
Si nuestro sistema de administración de Justicia tenía conocimiento de esos restos, ¿cómo es posible que la Fiscalía abriese diligencias a raíz de un descubrimiento que, en realidad, no sería tal? Es más: si la conservación de esos restos "se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento", tal y como ahora dice la Fiscalía, ¿por qué el fiscal general del Estado ha considerado necesario informar a la Audiencia Nacional de la localización de esos restos "para que tenga noticia el juez de su existencia"? Finalmente, si los órganos judiciales que instruyeron y enjuiciaron la causa tuvieron siempre conocimiento de la existencia de estos restos, ¿cómo es posible que no haya constancia de ellos en el sumario o en el juicio, ni se informara de su existencia a los abogados de acusaciones y defensas? ¿Cómo es posible que, ante las quejas de los peritos por la escasez de pruebas y sus peticiones de ver los restos de las explosiones, se le contestara que todos los restos habían sido desguazados? ¿Cómo es posible que los órganos judiciales, teniendo conocimiento de los restos descubiertos por Libertad digital, permitieran en su día que la principal muestra para saber qué tipo de explosivo estalló en los trenes fueran unas inservibles decenas de fragmentos previamente lavados con acetona y una mochila que ni estalló ni fue encontrada en los trenes, sino que apareció misteriosamente en una comisaría 18 horas después del atentado?
No vamos a negar la extrema decepción que nos ha producido la actuación de la Fiscalía y el insulto a la inteligencia que constituyen las razones con las que ha tratado de justificarla. Pero esa decepción no va sino a reforzar, más si cabe, nuestra determinación por llegar hasta el fondo del 11-M. Por grave que sea lo que nos vayamos encontrando en esa irrenunciable tarea, nada será peor para la libertad, la justicia y la democracia de nuestro país que la ocultación de esa verdad, por terrible que sea.