Asegura La Gaceta que el sector afín al PSOE del Tribunal Constitucional pretende legalizar Sortu esta misma semana. Por lo visto, el pleno del Tribunal se reunirá hoy, mañana y el jueves con el estudio del recurso de amparo de los proetarras en el orden del día, y parece ser que la ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera, cuenta con el respaldo del resto de magistrados "progresistas" en su afán por tumbar la sentencia del Tribunal Supremo que hace más de un año impidió que Sortu pudiera inscribirse en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.
Yo no tengo ni idea de qué es lo que finalmente decidirán ahora los magistrados del Constitucional; pero no me extrañaría nada que diesen el aval a Sortu –tal y como da por seguro La Gaceta– teniendo en cuenta que ese mayoritario sector "progresista" –con la excepción de Manuel Aragón– ya posibilitó –tumbando una sentencia del Supremo– que Bildu estuviera en las elecciones municipales de 2011. Lo que quiero decir, precisamente por ello, es que una vez que se ha permitido a los proetarras volver a las instituciones a través de Bildu y Amaiur, la presunta e inminente legalización de Sortu pierde la mayor parte de su trascendencia.
Evidentemente, no quiero decir con esto que la legalización de Sortu no sería ahora una nueva humillación para las víctimas del terrorismo y una nueva burla a una Ley, como la Ley de Partidos, que se supone sigue en vigor. Pero, tal y como algunos ya advertimos en su día, Sortu bien podía no ser más que un señuelo con el que ocultar unos planes B; "planes B" por parte del mundo batasuno que la irrupción en escena, no mucho después, de Bildu y Amaiur no vino sino a confirmar.
Que una formación como Sortu, impulsada abierta y públicamente por históricos dirigentes del brazo político de ETA, como Permach, Eugenio Echeveste, alias Antxon, Rufi Echebarria, Diaz Usabiaga, Pernando Barrena, Tasio Erquicia, o Jon Petricorena, no tuviesen ahora ni siquiera que disimular con caras menos conocidas como las que utilizaron para impulsar Bildu o Amaiur constituye, en cierto modo, una situación menos hipócrita, pero no por ello menos humillante para la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.
Con todo fue a raíz de la bochornosa legalización de Bildu cuando la propia banda terrorista ya pudo, justificada y públicamente, jactarse por "haber ganado la batalla política e ideológica de la ilegalización". Fueron también los buenos resultados electorales de Bildu a los que Arnaldo Otegi se refirió cuando afirmó, en julio del año pasado, aquello de que "empezamos siendo tres o cuatro y ya somos 313.000".
En lo que tenemos, pues, que fijarnos no es tanto en si el Constitucional vuelve a tumbar otra sentencia del Supremo para beneficio de los proetarras, sino en si alguien va a resucitar de una vez a Montesquieu para acabar de una vez con la vergonzosa politización de este Tribunal que, haga lo que haga ahora con Sortu, ya ha dejado en papel mojado la vigente Ley de Partidos.