Naturalmente que la existencia de un estado descentralizado política y administrativamente no tiene por qué significar despilfarro, tal y como Cristóbal Montoro ha advertido este lunes en el Instituto de Estudio Económicos. El federalismo y la competencia fiscal entre las distintas regiones pueden, efectivamente, generar procesos de disciplina muy severos en el control del gasto, siempre y cuando –eso sí– el que tiene la grata tarea de gastar sea también el responsable de fijar la presión fiscal que hace posible dicho gasto, y haya también rígidas limitaciones al déficit y endeudamiento de los diferentes y transitorios gobiernos autonómicos.
Ahora bien, una cosa es negar que la descentralización administrativa tenga que suponer inexorablemente derroche de recursos públicos, y otra muy distinta negar –como también ha negado Montoro– que el Estado autonomico en España se haya convertido en un foco de despilfarro. Lo segundo no es ni más ni menos que negar una clamorosa evidencia para no verse abocado a acometer una de las reformas que más necesita España, aunque sólo sea para hacer creíbles los compromisos de reducción del déficit que mantiene el ministro de Hacienda. El despilfarro que constituye el Estado de las Autonomías ha sido una evidencia a la vista de cualquiera, incluso en los años en los que, gracias a los ingresos extraordinarios provenientes de la burbuja, quedaba oculto con engañosos equilibrios presupuestarios.
Montoro, sin embargo, ha afirmado que lo del "despilfarro autonómico" no son más que "titulares engañosos" que no provienen de "análisis estadísticos mínimamente serios". No sabemos qué "seriedad" le otorgará Montoro al estudio "El coste del estado autonómico" que, ya en abril de 2010, denunciaba cómo las autonomías en España despilfarraban nada menos que 26.000 millones de euros tan solo en gastos de personal y gasto corriente. No obstante, si también le pareciese a Montoro poco serio este estudio de la Fundación Progreso y Democracia, le podemos proponer, asimismo, el informe que pocos meses después publicó FAES, la Fundación de su propio partido, con el elocuente título de "Por un estado autonómico racional y viable", en el que también se denunciaba muy severamente la insostenibilidad del actual modelo autonómico. También le recomendaríamos a Montoro la promesa de una "profunda reforma del sistema autonomico" que, por parte de su propio partido, hizo el señor Gonzalez Pons ante los micrófono de esRadio en septiembre del año pasado.
Es verdad que el pasado mes de abril Rajoy afirmó, sin embargo, que "ni se plantea" el debate sobre la reforma del sistema autonómico, lo que vendría a alinearse con esta negativa de Montoro a admitir la pródiga realidad de estos reinos de taifas que el ministro quiere seguir equiparando a un federalismo bien diseñado. Sin embargo, el propio Rajoy parecía rectificar esta postura pocos dias después al apelar a la necesidad de "repensar y evaluar la estructuración más adecuada de los poderes públicos", y lo urgente de "arbitrar fórmulas más eficientes de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias y de solapamientos indeseables".
Con todo, lo más bochornoso de las declaraciones de Montoro de este lunes es que se producen pocos días después de que haya admitido que el déficit oculto en 2011, por culpa de las autonomías, ha sido aún mayor que el descubierto hasta ahora. Lo que tampoco es serio es que, por no atreverse a intervenir a varias comunidades autonómicas, tal y como increíblemente había asegurado que haría, Montoro haya decidido aprobar los planes de ajuste de todas ellas, y ahora nos salga negando el despilfarro de muchas de ellas. Lo que no es serio es haberse comprometido a reducir el déficit exclusivamente vía reducción de gastos y luego haber aprobado una de las mayores y más contraproducentes subidas de impuestos de la democracia. Lo que no es serio es dudar de las fuentes estadísticas en las que se basa la acusación de derroche de las autonomías, cuando son las propias fuentes del Ministerio que dirige el señor Montoro las que nos informan del riesgo cierto de incumplimiento del compromiso de reducción del déficit para este año, también por culpa de las autonomías. Lo que no es serio es llenarse la boca hablando de la necesidad de reformas, y luego posponer su ejecución a lo largo de la legislatura o negarse a acometerlas, tal y como sucede con las destinadas a erradicar las raíces estructurales del descontrolado gasto público de nuestras autonomías. Lo que no es serio es el proceder y las declaraciones de Montoro. Y no lo son hasta el extremo –nadie dude de ello– de constituir uno de los factores que explican la prima de riesgo de nuestro desbocado endeudamiento.