La escalada de tensión que se está viviendo entre los gobiernos español y británico a cuenta de la ocupación de Gibraltar es consecuencia de un anacronismo histórico que, para vergüenza de todos, sigue vigente en la Europa del Siglo XXI. No hay ninguna razón para mantener una situación ilegal a todas luces, a cuenta de un tratado firmado en el Siglo XVIII que, además, ni siquiera se cumple por parte de Gran Bretaña, que a estos efectos es el país agresor.
Las autoridades de Gibraltar no sólo mantienen la ocupación de un territorio que no les pertenece, sino que se atreven a atacar a los pesqueros de la zona haciendo uso de su derecho a faenar en unas aguas que, a la vista de todos los tratados internacionales, pertenecen obviamente a nuestro país. Gibraltar no es un estado, sino una entidad local ultramarina vinculada a Gran Bretaña por lo que sus autoridades no tienen nada que opinar en este asunto, por más que el inefable Moratinos, con la aquiescencia de Zapatero, socavara aún más la dignidad española con una serie de concesiones lamentables entre las que no faltó una vergonzosa "visita de Estado" que cualquier gobernante con un mínimo sentido del decoro nacional se hubiera cuidado mucho de autorizar.
Con la llegada del nuevo gobierno del Partido Popular algunas cosas han cambiado para bien, aunque de momento sólo se haya actuado a nivel diplomático con una política de gestos que busca recuperar la firmeza en la defensa de nuestros intereses traicionada por los socialistas. La desautorización del viaje de la reina Sofía para agasajar a la monarca británica en el aniversario de su reinado, se enmarca en esa nueva estrategia que el actual ministro de Exteriores ha puesto en marcha acertadamente para dejar claro que las cosas, por fin, comienzan a cambiar. Con la visita anunciada del príncipe Eduardo el próximo mes a ese enclave ilegal dedicado al contrabando y al blanqueo de dinero, es de esperar que España responda con un gesto de fortaleza similar para hacer ver al país ocupante que ya no vamos a tolerar ningún agravio más.
Junto a esas medidas diplomáticas es necesario también tener en cuenta a los habitantes españoles de la zona, los grandes olvidados en este debate, cuyos derechos e intereses legítimos es obligación del gobierno español preservar a toda costa. Tanto los pesqueros como los comerciantes y trabajadores han de llevar a cabo su actividad cotidiana sin interferencias de las ridículas autoridades gibraltareñas, que han sido mal acostumbradas por la política de concesiones absurdas propiciadas por los gobiernos anteriores, especialmente los de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya gestión en este asunto sirvió para otorgar a Gibraltar una legitimidad de la que a todas luces carece.
En estos días se va a producir, aprovechando la cumbre de la OTAN en Chicago, una reunión informal al máximo nivel entre los presidentes español y británico a solicitud de este último, en la que se va a tratar este asunto. La única solución posible resulta evidente: Gibraltar es una parte de España y como tal ha de ser devuelta a su soberanía. Si hay que cerrar de nuevo la verja y poner orden en nuestras aguas jurisdiccionales el gobierno tendrá que hacerlo. De lo contrario se estará preservando en el tiempo una situación anómala que hace muchos años debería haber quedado resuelta para bien de todos.