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EDITORIAL

La disimulada cesión a una clara exigencia de ETA

Lo grave es que el cumplimiento íntegro y efectivo de la pena deja de ser –vuelve a dejar de ser, más bien- la hoja de ruta propia de un Estado de Derecho fiel a la dignidad, memoria y justicia de las víctimas de la barbarie secesionista.

Una de las innumerables manipulaciones en la que ha incurrido intermitentemente la tramposa clase política española en su estúpida política antiterrorista, ha sido la de reprochar a la ETA su supuesta despreocupación por la suerte a la que condenaban a sus miembros encarcelados con su insistencia en no renunciar a las armas. Lo cierto es que la banda terrorista jamás ha sido indiferente a las ofertas de "generosidad" –en expresión de Aznar– o a las disposiciones de "dar una salida a los presos" –en expresión de Zapatero ante Savater– o a las expresiones semejantes que le han hecho todos los gobiernos españoles desde los tiempos de la UCD. Si en alguna ocasión los etarras prófugos no citaron entre sus exigencias la de la liberación de sus compañeros presos ha sido, simplemente, porque la impunidad la han dado siempre por descontada, lo que no les resultaba incompatible con considerarla insuficiente.

Tal vez los terroristas cometiesen y cometan un error al dar por descontada esa impunidad; pero, de ser una equivocación, sería comprensible al ver como toda una clase política –sin excepción– suscribía el "final dialogado de la violencia" en el funesto Pacto de Ajuria Enea, o viendo también como todos los gobiernos, llegada la tregua de turno, accedían a reunirse con criminales que, supuestamente y acorde a la Ley, debían ser detenidos. Eso, sin olvidar el crucial, manipulado y consumado capítulo de impunidad concedida a los poli-milis.

El hecho es que ahora, que ETA ha accedido –naturalmente por conveniencia– a calificar de "definitivo" su más reciente cese de la violencia, la banda ha permanecido fiel a su tradicional y clara postura de condicionar la "superación de la confrontación armada" a sus exigencias penitenciarias y políticas. Naturalmente los criminales siguen quejándose en sus comunicados de que no se haya derogado formalmente la ley de partidos, pero eso no les ha impedido reconocer públicamente haber ganado "la batalla de la ilegalización", en clara alusión a sus toleradas terminales de Bildu y Amaiur. Es en este terreno donde ahora los etarras han situado a la democracia española en jaque.

Lejos de ser consciente del desafio al que se enfrenta, el gobierno de Rajoy –el mismo que calificó de "buena noticia" el estratégico comunicado de cese supuestamente "definitivo" pero claramente condicionado de ETA– trata de dar una "salida a los presos" que pase, vía Nanclares, por un repudio de la violencia y de la banda terrorista. El hecho de que este plan de reinserción ni siquiera exija a los presos el pedir perdón, aunque insultante, es, en el fondo, lo de menos. Lo más relevante es que este gobierno alimenta la ilusión de los terroristas de que conservan en su mano la llave de su excarcelación. Lo grave es la inconsciencia del hecho de que las zanahorias también son alimento y debilitan la disuasión del palo. Lo grave es que el cumplimiento íntegro y efectivo de la pena deja de ser –vuelve a dejar de ser, más bien– la hoja de ruta propia de un Estado de Derecho fiel a la dignidad, memoria y justicia de las víctimas de la barbarie secesionista.

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