Leo con interés, pero sin asombro, sobre un nuevo plan, también integral, de reinserción de presos de bandas armadas. Debe ser al parecer necesario para evitar su radicalización en las cárceles y para favorecer su reinserción en la sociedad. No debe bastar con la legislación vigente y la propia constitución española. Preocupa mucho al parecer a nuestro presidente del Gobierno y por ende, al ministro del Interior, educar en valores a los terroristas y demás angelitos –en total, entre etarras, GRAPO, bandas organizadas, yihaidistas, más de 1100– y preparar convenientemente a toda esta escoria, para que cuando salga a la calle, algo que el gobierno alienta como fin último, pueda encontrar trabajo –algo que no consigue hacer el 24% de los españoles de buena fe–.
Es interesante examinar la buena voluntad de un gobierno que se preocupa por la educación en valores de los terroristas encarcelados, algo que brilla por su ausencia en la sociedad actual y que, ¡mira por donde! va a extenderse dentro de las cárceles españolas, entre terroristas y demás bandas armadas. Tendrán eso sí que dejar atrás, de forma "clara, solemne y pública", su vinculación con el terrorismo, como quien deja la ropa sucia en un cesto. Me llama la atención que se pida un gesto de voluntad "claro" –para quienes han vivido en el odio– "solemne" –para quienes han transgredido todo orden democrático– y "público", a quienes solo han vivido en la clandestinidad y se han dejado ver a lo sumo por sus fotografías en patéticos homenajes populares y carteles de "se busca" en los aeropuertos. ¿Estará nuestro gobierno equivocándose de colectivo? ¿Se estarán refiriendo a toxicómanos y a terapias de grupo para dejar las drogas? Y es que ni siquiera van a tener que colaborar con la justicia o pedir el consabido perdón para acogerse al plan. Total, solo quedan más de trescientos casos de asesinatos de ETA sin resolver...
Me temo que nuestros responsables políticos son los más necesitados de cursos en valores. A lo mejor hasta podían aprovechar y hacer grupo. Quiero creer que no son conscientes de la gravedad de semejante propuesta. Quiero creer que no se dan cuenta de que con estas medidas, siendo ETA una realidad, presente incluso en nuestras instituciones, con el peso insisto, de más de 300 casos de asesinatos terroristas de ETA sin resolver, solo contribuyen a desvirtuar la esencia de la Democracia, la esencia del Estado de Derecho, la memoria de las víctimas del terrorismo.
No me importa en absoluto la radicalización de los presos en las cárceles. Solo pienso en los asesinos de Gregorio Ordóñez y solo me preocupa que cumplan la condena que les impuso el juez. No entiendo las razones que mueven a un gobierno a impulsar semejante plan. Y en cualquier caso, no quiero que Gregorio Ordóñez se convierta en un simple rehén de intercambio contra la libertad de ningún terrorista. Porque cuando se promueve la libertad de un terrorista en semejantes condiciones, con cada gesto que contribuye a alentar la libertad de uno de esos asesinos, se añade más tierra sobre el significado de la muerte de cada una de sus víctimas, sobre la existencia misma de las víctimas. Y esto es imperdonable para las familias, pero también indecente, insostenible para cualquier democracia que se precie. La ropa sucia, toda la trayectoria de terror de la que pueden ahora desvincularse sus responsables encarcelados, con solemnidad, es una realidad que no puede centrifugarse con simples planes integrales. ¡Tantos años como han sido necesarios para explicar esto! Quiero responsabilidad, exijo Justicia. Está en juego la esencia de nuestra democracia, la derrota del terrorismo, la construcción del relato veraz de toda la tragedia que ha asolado a miles de familias, a todo un país. ¡Que alguien se lo tome en serio, por favor!
Ana Iríbar es viuda de Gregorio Ordóñez, político del Partido Popular asesinado por la banda terrorista ETA el 23 de enero de 1995.