La "hoja de ruta" debe ser el cumplimiento de la pena

Los voceros institucionales de ETA aseguran, según publica este lunes El Mundo, que la banda terrorista tiene previsto desmantelarse a lo largo del próximo año si el Gobierno acepta que sea una comisión técnica internacional la que verifique el proceso y se cumplan sus condiciones. Los batasunos silencian, esta vez, las exigencias políticas secesionistas que su brazo armado ha hecho en todos sus "comunicados de paz", y se limitan a exigir la comisión internacional de verificación y un proceso de impunidad, disimulado con la expresión "solución escalonada para los presos".

Hay quienes se oponen a estas pretensiones etarras sobre la base de que sólo los miembros de las Fuerzas de Seguridad están capacitados para verificar el desmantelamiento de la banda, y que admitir un tutelaje extranjero equivaldría a reconocer que nuestra democracia carece de legitimidad.

Naturalmente no hay que hacer el juego a los terroristas en sus pretensiones de "internacionalización del conflicto". Pero tampoco deberíamos contribuir a ningún numerito circense como el de la "entrega de las armas" o el de la "verificación del desmantelamiento" de la banda, que no dejarían de ser actos propagandísticos en favor de la banda aunque no interviniesen en ellos extranjero alguno. La misión de los miembros de las Fuerzas de Seguridad españolas no es la de convertirse en receptoras de armas ni en verificadoras de ninguna supuesta voluntad de paz de una organización terrorista. Su labor es la de desmantelar la organización terrorista, como cualquier otra banda de delincuentes, mediante la detención de sus miembros y el requisamiento de sus armas. Todo lo que no sea eso, serán maniobras, más o menos disimuladas, pero destinadas a conceder impunidad a quien no se la merece por el mero hecho de haber dejado definitivamente de matar.

Las fronteras de las que no nos debemos salir para acabar con ETA son las que nos configuran como Estado de Derecho, las que establece nuestro Código Penal y, más concretamente, las que advierten que "incurre en delito la autoridad o funcionario que dejare intencionalmente de promover la persecución de los delitos o de sus responsables". Y estas fronteras son, desgraciadamente, las que siempre nos hemos saltado con la buena intención de "verificar" supuestas voluntades de paz.