La violencia callejera desatada el pasado 29 de marzo en la huelga general en las calles de Barcelona ha provocado un rechazo generalizado. A la tercera va la vencida. Ya hubo amagos en el desalojo de los indignados de la plaza de Cataluña y en el posterior acoso a los Diputados tratando de impedirles su acceso al Parlamento. Ahora, definitivamente, nadie se quiere hacer cargo de estos descerebrados cuando parecen haber perdido el favor de sus mentores intelectuales, sean de la izquierda antisistema o del radicalismo independentista.
Los primeros crecieron amparados por la estupidez del consejero de Interior del Tripartito, Joan Saura que consideraba al movimiento okupa y a los activistas violentos contra la globalización grupos a los que no se les podía reprimir abiertamente si no queríamos soliviantarlos más. La filosofía LOGSE aplicada al orden público. Los contenedores quemados, los escaparates rotos, las agresiones a ciudadanos y mozos de Escuadra en las citas internacionales y en las calles del barrio de Gracia, dejaron la sensación de que la pasividad del consejero de Interior del Gobierno Tripartito era precisamente la que alimentaba su impunidad. Su propia mujer, la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona por ICV, Imma Mayol, justificó en 2007 la violencia de los okupas de la peor manera, declarándose ella misma "un poco antisistema". Días después remataba la faena en TV3 envuelta en la adolescente irresponsabilidad de la izquierda de salón, afirmando que no tenía sentido "convertir en delincuentes a personas que no vivían como delincuentes".
Los segundos, reconocibles por sus banderas independentistas, pasamontañas y pañuelitos palestinos al cuello, muchas veces indiferenciables de los primeros en las fiestas de Gracia, han hecho lo que les da la gana durante años porque sus acciones nunca han sido consideradas violencia, sino afirmaciones de la dignidad del pueblo de Cataluña contra los símbolos y fuerzas de ocupación del Estado. Ahí tienen el ritual de cada 11 de septiembre, con quema de banderas españolas, rotura de inmuebles institucionales y empresas de simbología estatal, agresiones a políticos y sedes de partidos considerados de obediencia española; o en cada celebración de los avatares del Barça, donde la rotura de lunas, quema de contenedores y destrozos y saqueos de toda índole mezclan alcohol, fanatismo nacional/futbolístico e impunidad.
Si bien es verdad que en los últimos destrozos la impronta de una juventud sin salida laboral y desesperada puede haber puesto más arbitrariedad si cabe aprovechando el caldo de cultivo de una huelga general, son los violentos consentidos, arropados o amparados (elijan ustedes el adjetivo) por el catalanismo sociológico y político los más potencialmente peligrosos. No sólo por su número, sino sobre todo por la condescendencia con ellos. Cuando se comparten los fines, se tiende a comprender los medios.
Curiosamente, son estos últimos los que no aparecen en ninguno de los múltiples análisis y comentarios de los articulistas del Principado. Y es que demasiados medios en Cataluña escriben con mentalidad de forofo de fútbol. Pero lo cierto es que desde aquella estulticia de "los chicos de la gasolina" de Arzallus para reducir la gravedad de la violencia callejera del mundo abertzale, a las justificaciones de Xirinacs de los crímenes de terrorismo al declararse "amigo de ETA", o a la petición del voto para Herri Batasuna poco antes del atentado de Hipercor por parte de ERC, en Cataluña los violentos del radicalismo independentista tienen quienes les comprenden, como existen mil y una justificación para sus actos contrarios a la legalidad. Que son muchos. Como la quema de banderas constitucionales, rotura de letreros comerciales bilingües, dianas contra ideas, líderes y partidos legales, quema de locales de Hacienda o portadas y emisoras de radio incendiarias. Las últimas, con ocasión de los presupuestos generales del Estado que algunas portadas catalogan como un saqueo para Cataluña. Como en la del ARA que miente a propósito de las obligaciones del Estado sobre el Estatuto, además de excitar las frustraciones de los radicales. La mentira periodística y política también es violencia.
Esperemos que cuando haya un 29-M del expolio fiscal no tengamos que lamentarnos de haber alimentado durante años a los defensores de la dignidad de Cataluña, esos violentos amparados por el sistema de valores del mundo nacionalista. Y encima creerán que tienen una justificación. Queda dicho.