Leyes para la huelga y no para la reflexión

La inflación normativa  es una de las lacras más nocivas del sistema legal español, que provoca el mismo efecto sobre la actividad del país que el colesterol en la circulación sanguínea. Hay leyes para todo. Se duplican, se solapan e incluso se contradicen. Es el  entorno ideal para que proliferen los tramposos. Frente a una percepción muy extendida, un exceso de leyes solo provoca más corrupción y menos seguridad jurídica.  

Muchas son innecesarias, algunas están anticuadas y otras son sencillamente absurdas. Un claro ejemplo de estas últimas es la normativa electoral que establece que tal día como hoy sea considerado ‘jornada de reflexión’ o que no se puedan publicar encuestas de intención de voto en los últimos cinco días de la campaña electoral. Más allá del tufo paternalista que tiene en origen, carece de todo sentido después de la revolución tecnológica que han supuesto internet y los dispositivos móviles de comunicación, multiplicando las vías por las que transita la información.

¿Va a vigilar la Junta Electoral los millones de cuentas de Twitter o Facebook? Es tan disparatado como inútil. Ya en las elecciones del 20-N circulaban por estas redes sociales los resultados de los sondeos a pie de urna antes del cierre de los colegios electorales. Y cómo toda regulación absurda beneficia al trilero. Basta recordar el papel de Rubalcaba el 13-M de 2004.

Tal vez en el siglo XIX tuviese alguna lógica. Decimonónica también es la huelga general convocada cuatro días después de las elecciones que, sin embargo, es casi la única materia que desde 1978 escapa a este frenesí regulatorio. Algo falla cuando se limita la publicación de encuestas y los piquetes pueden campar a sus anchas. Tan innecesaria es la jornada de reflexión como urgente una ley de huelga.