El despilfarro del dinero público y la irresponsabilidad del sistema financiero nos han hipotecado el futuro, además de empobrecernos el presente. Más allá de las medidas de austeridad que cualquier Gobierno ha de tomar para reflotar las finanzas públicas y activar la contratación laboral, de lo que nadie puede dudar es que las reformas emprendidas por nuestro Gobierno recortan los derechos de los trabajadores. No sólo recortan derechos coyunturales, caso de la bajada temporal de los sueldos a los funcionarios, sino buena parte de los estructurales (caso del coste por despido laboral), muchos de los cuales has costado décadas en conquistar. Pueden estar justificados o no, pero la evidencia es que después de la reforma, los trabajadores tendrán menos derechos. No sólo eso, es ese colectivo de los asalariados, junto a profesionales liberales y pymes, quienes en mayor grado sufren las consecuencias de la mala gestión de los responsables políticos.
Paradójicamente, mientras el Gobierno recorta los derechos de los trabajadores, deja intactos los territoriales. Algo incomprensible si se tiene en cuenta que son las autonomías, en buena media, las culpables del despilfarro que nos ha hundido en la miseria. En el mejor de los casos, el Gobierno de la nación limita alguno de sus
derechos coyunturales, como su capacidad de endeudamiento, pero deja intactos los estructurales, que son a la postre la fuente de sus excesos y la excusa para derrochar en frivolidades identitarias.
Para más INRI, algunos poderes territoriales acosan al Estado con la exigencia de pactos fiscales. Es el caso de Cataluña. Por boca de su presidente, Artur Mas, ya sabemos que la futura Ley de Consultas populares que está en trámite parlamentario servirá para envenenar al pueblo de Cataluña con la consulta sobre el déficit fiscal. Aunque no
tenga la apariencia: "¿A quién puede incomodar o dar miedo la democracia y que se pregunte a la gente?", ha dicho al respecto desde Bruselas con cinismo infinito. A uno se le viene a la cabeza enseguida el por qué entonces no permite que las hojas de inscripción de principio de curso se pregunte a los padres en qué lengua escolar
quieren que estudien sus hijos.
Un instrumento de agitprop, el último por ahora, de acoso al Estado. Es tan sucio el juego, que sus líderes ya se permiten cualquier exabrupto: todo parece colar en esta sociedad nacionalista enamorada de sí misma. Lo dijo Durán i Lleida y lo ha repetido Oriol Pujol a propósito de las críticas del Gobierno del PP a la Ley de Consultas cuya competencia es exclusiva del Estado: "Es un simple ejercicio de democracia. ¿A quién puede molestar la democracia? Solo a los que no son demócratas". Y se quedan tan anchos.
¿Qué se piensan que es la democracia? ¿El sentido que tienen ellos de lo correcto, o el respeto a unas normas? Si el derecho a convocar referendos es competencia exclusiva del Estado, sólo el Gobierno de la nación tiene potestad para hacerlos o permitirlos a terceros. Si al Sr. Durán o al Sr. Pujol, no les gusta la norma, que busquen los votos
para cambiarla, pero en ningún caso saltarse la ley. En ese caso, los únicos que no son demócratas son ellos, y su proceder, inaceptable para la democracia.
Bien saben ellos la fuerza que su sofisma provoca en las gentes. Les eximen de comportarse con responsabilidad de Estado y de asumir el bien común que la progresividad fiscal garantiza. Bien lo saben ellos, por eso lo hacen. Saben que tienen un filón victimista en época de crisis donde la mera mención de mayores recursos genera expectativas favorables.
Que el agitprop nacionalista haga esto, es parte del circo; que el Gobierno de la nación no tome en consideración la deuda de las comunidades autónomas que en el 2011 ha registrado 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB), poniendo en riesgo servicios sociales esenciales como la sanidad (las listas de espera en los hospitales de Cataluña han aumentado hasta el 43%), es para reflexionar por qué los poderes territoriales son intocables. Curiosamente, la más endeudada de las comunidades es Cataluña, con 41.778 millones de euros, el 29,8% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades. El segundo paso es detectar en qué se lo gastan, y el tercero en hacer
una reforma territorial al modo y manera que se pretende hacer con la reforma laboral para evitar duplicidades, despilfarro y su programada erosión del Estado.
La ciudadanía ha de tomar conciencia del mal intrínseco que ha generado un sistema no limitado de soberanías compartidas entre el Estado y las diversas autonomías. Sin lealtad por el bien común de los ciudadanos españoles, los gobiernos territoriales tienden a generar su propia estructura política a imagen y semejanza del Estado, y en
algunos casos, con proyectos de construcción nacional. Ese poder tiende al clientelismo, como los propios partidos que la alimentan y del que viven. En el proceso se trafica con todo tipo de subvenciones interesadas para fidelizar clientes en el proyecto de construcción nacional, y a la vez, el propio proyecto se convierte en ubre imprescindible de los que nacieron para construirlo. Un círculo vicioso que lleva a suplantar la soberanía nacional y activar todo tipo de propaganda sentimental para sostener el tinglado. La ley de consultas es uno de esos instrumentos y el referéndum consiguiente (aunque le llamen consulta), la fórmula mágica para tirar al pueblo de Cataluña contra el Estado. No estaría mal que ya que venden la consulta del déficit fiscal como democrática, se envalentonen y pregunten también al pueblo de Cataluña si quieren pagar impuestos, o
jubilarse a los cincuenta años. ¡Son tan democráticos!