La sentencia está bien construida. Alguna duda puede haber en la condena por prevaricación, como inductores o cooperadores, de personas que no son funcionarios. Sin haber cohecho, no está claro cómo puede inducirse o cooperarse a la prevaricación
Los hechos probados de la sentencia que ha condenado a Jaume Matas a seis años de cárcel podría publicarse bajo el título de Manual del perfecto corrupto. Suena todo a conocido y familiar. Políticos, empresarios, periodistas y testaferros corruptos deambulan por la sentencia comportándose del modo que cabe esperar de ellos en esta España de nuestras entretelas. Como en las películas de mafiosos, cada cual hace lo que tiene que hacer de modo ineluctable, sin que sea cuestión personal, sólo por negocios.
El presidente de la Comunidad Autónoma necesita alguien que le escriba sus discursos. Qué cosa tan natural aquí donde los presidentes no saben escribir y, a veces, casi ni hablar. Y naturalmente, Matas fue a escoger a Antonio Alemany. El buen tino en la elección lo reconoce la propia sentencia cuando describe al escritor diciendo de él que: "era ya en el año 2003 un insigne periodista (además de licenciado en Derecho), de dilatada trayectoria profesional en la prensa de estas islas, habiendo desempeñado la dirección de algunos medios; de sólida y elevada formación intelectual, afín a posicionamientos del Partido Popular, y de brillante y reconocida pluma por la calidad literaria y calado político-cultural de sus escritos".
¿Dónde estaba el problema? Que había que pagarle y ninguna solución legal resultaba satisfactoria por barata y por incompatible con su labor de periodista independiente. Así que se montó un tinglado con concursos amañados, contratos fantasma con empresas que no prestaban los servicios que cobraban y que hacían de intermediarias entre Matas y Alemany. Y, mientras, el periodista podía seguir publicando alabanzas al presidente revestido de una independencia que obviamente había perdido.
Pero, como eso les pareció poco, el escritor montó una agencia de noticias y un periódico digital inviables como empresas, pero que, generosamente subvencionadas, podrían subsistir para cantar las glorias del Gobierno balear. Y así se cerró el círculo. Todo podía haberse hecho legalmente, habiendo bastado para ello que Alemany hubiera dejado de ser periodista y se hubiera dejado contratar como asesor. Pero, el columnista hubiera perdido la columna sin percibir los emolumentos que creía merecer y Matas se hubiera quedado sin un incensario en la prensa local.
Jurídicamente, la sentencia está bien construida. Alguna duda puede haber en la condena por prevaricación, como inductores o cooperadores necesarios, de personas que no son funcionarios. La sentencia apela a la jurisprudencia del Supremo, pero, sin haber cohecho, no está claro cómo puede inducirse o cooperarse a la prevaricación del funcionario por parte de quien no lo es. Es ésta, en todo caso, una discusión técnica con escasa relevancia política. Lo terrible es que nos encontramos ante conductas que se barruntan muy frecuentes. Tanto, que el empresario Miguel Romero le dijo al Tribunal durante el juicio que era normal o usual que las empresas tengan conocimiento previo de los concursos antes de su publicación oficial. La sentencia, con escándalo, aclara que es ésta una praxis que en absoluto consta al Tribunal. Que le pregunten a Urdangarín.
