El Tribunal catalán ha tutelado, después de siete años de litigio, el derecho a estudiar en español de tres familias. Y ni una más. A partir de ahora, quien quiera que sus hijos cursen en esta lengua la enseñanza reglada, tendrá que pedirlo en un juzgado. Con el Auto sobre libertad lingüística, el TSJC inaugura la inaudita doctrina del racionamiento de derechos fundamentales. En contra de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, el fallo conocido este jueves respalda el sistema de inmersión lingüística de la Generalitat, aunque, eso sí, concede a cada familia la opción de reclamar por vía judicial la escolarización en castellano. Dicho de otro modo: el único derecho de curso legal es el "derecho" de la Generalitat a imponer la lengua única en los colegios; el otro, el derecho de los padres a elegirla, es una excepción que, a partir de ahora, se dosificará mediante sentencias judiciales. En Cataluña, las personas ya no ejercerán sus derechos, entre sí y frente a los abusos de la Administración, sino que les serán retenidos en fianza por los tribunales localistas. A este grado de desamparo de la persona frente al Poder se ha llegado en el "oasis catalán". Tal es la quiebra del principio de legalidad. Así de insignificante es la libertad en esta parte de España.
Los jueces del TSJC han emitido una resolución que hace decir al Tribunal Supremo cosas que este no dice y desoye cosas que sí dice.
El Supremo ha dejado muy claro que la Generalitat tiene que ser neutral en la lengua de la enseñanza. Pertenece a los padres la libertad de elegir en qué idioma escolarizan a sus hijos. El sistema de inmersión linguística impuesto por la Generalitat es inconstitucional y debe cambiarse. Todo esto lo dice, no solo el Tribunal Supremo, sino el Tribunal Constitucional en un cuerpo de doctrina lo bastante claro y ejecutivo como para obligar a la Generalitat a cumplirlo, sin necesidad de este largo, fatigoso y kafkiano proceso de casi ocho años, en el que los niños para los que se pedía tutela han crecido y están a punto de abandonar la edad escolar.
En su resolución de este jueves, sin embargo, el TSJC atribuye al Supremo una ambigüedad que este nunca ha tenido en el tema de la libertad lingüistica. El Tribunal catalán llega a decir en su Auto que es incorrecto leer las sentencias del Supremo "en un sentido literal". Curioso principio hermenéutico, que invita a desconfiar de "lo literal" y sugiere que las sentencias no deben tomarse al pie de la letra. Según el TSJC, si se prescinde de la siempre estrecha literalidad, la doctrina del Supremo sirve para un roto y para un descosido, avala la inmersión al mismo tiempo que la libertad de los padres, el abuso y la tutela frente al mismo, la opresión y la libertad. La insólita conclusión del TSJC no es aclarar a los padres los límites que el Poder político no puede traspasar, a la luz de la inequívoca doctrina del Supremo, sino pedir al Supremo que se aclare. Mientras no lo haga, dice el TSJC, la Generalitat puede seguir imponiendo la lengua única en los colegios. Sería un mal chiste, si no fuera una pesadilla perfecta.
El Auto del TSJC ha sido celebrado por el presidente de la Generalitat, señor Artur Mas, que se ha reafirmado en la política de inmersión, de la que Cataluña "no se moverá", según ha anunciado. Su júbilo es directamente proporcional a la indefensión en la que quedan los ciudadanos. La ley y las sentencias siguen sin cumplirse en Cataluña.
Un Estado que no cumple las leyes ni las hace cumplir es una amenaza para la libertad. Unos ciudadanos sin la tutela de la ley frente a los abusos han dejado de ser ciudadanos para ser súbditos. Un sistema en el que los jueces rinden servicios al Gobierno y no a la ley ha dejado de ser una Democracia para ser un régimen. El TSJC ha proclamado este jueves la independencia judicial de Cataluña y el desamparo irremisible de los derechos constitucionales. La pregunta es: ¿qué hará el Gobierno del señor Rajoy por la igualdad ante la Ley de todos los españoles, también de los catalanes que quieren ejercer y no delegar su libertad?