El europarlamentario don Jaime Mayor Oreja alertaba la semana pasada del escenario separatista que, previsiblemente, tendremos que afrontar dentro de un año, inmediatamente después de las elecciones autonómicas en el País Vasco en marzo de 2013, si consiguiese ganar el separatismo de AMAINUR o, en su defecto, del PNV.
Ante ése futuro escenario de ofensiva separatista cabe preguntarse: ¿cuál debe ser la estrategia constitucionalista? y ¿cómo se puede vencer el desafío separatista? Permítanme que, a continuación, analice brevemente los cuatro puntos que entiendo esenciales para lograr vencer el desafío separatista:
1º) Cohesión de los Constitucionalistas
En primer lugar, el desafío –Ruptura de España- que deberemos afrontar requerirá una inquebrantable cohesión por parte de los constitucionalistas, tal y como mencionaba correctamente el ex ministro. Sin embargo, también, es imprescindible que el nuevo Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy Brei, analice con urgencia la situación para poder actuar con sentido de Estado realizando movimientos políticos inteligentes para hacer frente a la ofensiva separatista.
2º) Explicación pormenorizada del desafío separatista
En segundo lugar, se requerirá que trabajen con un único mensaje aquellos políticos, que todavía mantengan referentes éticos en la defensa efectiva de los derechos y libertades de todos los españoles independientemente del territorio donde vivan, para que los medios de comunicación expliquen pormenorizadamente cuál es el desafío separatista y cuáles serán las consecuencias económicas, sociales, culturales, legales,... que se derivarían de un proceso de ruptura de España.
3º) Restitución de los derechos políticos de los exiliados del País Vasco
En tercer lugar, sería preciso que se llevase a la práctica la idea de la Fundación DENAES que exige que puedan votar los más de 200.000 exiliados que han huido del País Vasco a otras regiones de España. Parece ser que el actual Gobierno ha encargado un informe para que los exiliados vascos puedan votar que debería analizar la posibilidad de implementar legislativamente en la ley electoral que "los miles vascos que hayan sido desterrados por las consecuencias directas e indirectas de la amenaza y extorsión etarra" puedan votar en las elecciones autonómicas.
Sin embargo, dado que el calendario legislativo es corto, antes de las próximas elecciones autonómicas vascas en marzo 2013, necesitamos que el Gobierno de España actué con rapidez porque podría ser interesante implementar un cambio de la ley electoral que sea simple y efectivo como, por ejemplo, permitir que "cualquier ciudadano pueda votar en su Comunidad Autónoma de nacimiento con independencia del lugar en el que esté residiendo", sin tener que entrar a valorar si ha sido (o sigue siendo) objeto de amenaza o extorsión por parte del entramado de organizaciones de ETA y, a efectos prácticos, tan sólo con la sencilla acreditación que permite la presentación del voto junto con un certificado de nacimiento expedido por un registro civil.
4º) Ley de aplicación del Artículo 155 de la Constitución
Y, en cuarto lugar, lo que quizás sea más importante, el Gobierno de España debe tener bien presente que el precio de negociar con la banda terrorista ETA y de mantener en las instituciones a sus representantes políticos pudiese ser la involución hacia un escenario de separación unilateral del País Vasco al estilo de Kosovo, o bien ante un intento de autodeterminación al estilo de Escocia.
Y conviene recordar que, en ambos casos, salvo que renuncie a sus obligaciones constitucionales, el Gobierno de España deberá aplicar el artículo 155 que contiene la base constituyente de nuestro ordenamiento jurídico y que permite actuar frente a una Comunidad Autónoma con las "medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de las obligaciones" que impone la Constitución.
La explicación cronológica de los sucesos del 6 y 7 de octubre de 1934 en Cataluña puede servir como precedente de aplicación del artículo 155 CE y de cómo se podría tener que actuar en los próximos años, ante una situación de rebelión de las autoridades de una comunidad autónoma.
Quizás la abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, debería valorar en los próximos meses si la redacción abierta del artículo 155 CE es adecuada o bien se requiere una nueva redacción que explicitase casos y modos de actuación del Gobierno. Si se llegase a esta conclusión, podría ser preciso que el Parlamento de España aprobase, tan pronto como fuese posible, una nueva ley que desarrollase la aplicación del artículo 155 CE.
Dicha nueva ley tendría que establecer cómo actuar ante situaciones imprevistas de secesionismo nacionalista. Y debería legislar cómo actuar ante actuaciones de políticos autonómicos, cuando atentan contra la integridad territorial de España (Art.2 CE ) o no están sujetas a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (Art. 9 CE ) porque, al fin y al cabo, el Gobierno dispone de las fuerzas armadas (Art. 8 CE ) que “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
En su momento, se analizó cómo implementar una posible reforma para frenar el nacionalismo totalitario vía artículo 155 CE con la intención de definir mejor cuál debería ser la actuación de un Gobierno. Sin embargo, dado que no parece que se contemple en el corto y medio plazo una reforma constitucional y, especialmente, debido al escaso margen que queda para la celebración de las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco, parece más rápido y conveniente implementar una nueva Ley que establezca cuáles pueden ser las actuaciones del Gobierno como consecuencia de la aplicación del artículo 155 CE.
En resumen, tal vez sea importante y urgente que se legisle una nueva ley de aplicación del artículo 155 CE para que el Gobierno de España pueda afrontar con garantías constitucionales la posibilidad de actuar ante un escenario de desafío separatista que es lo que, previsiblemente, parece que intentarán imponer los partidos nacionalistas liderados por AMAINUR y/o el PNV, acompañados de intentos de movilización por medio de manifestaciones, conferencias con organizaciones y mediadores extranjeros, intentos de reconocimiento internacional, etcétera.
El Sr. Fernández es ingeniero, MBA y miembro del Instituto Juan de Mariana.