Rajoy ha 'comprado' esa idea de que algo habrá que darles a los terroristas y, para ello, no tiene que mover un dedo. Tan solo tiene que dejar estar todas las concesiones del anterior Gobierno y mantener viva la Vía Nanclares para seguir excarcelando
Hoy quiero pedir disculpas a todos aquellos que me lo advirtieron, porque, muy a mi pesar, tengo que reconocer y, por tanto, denunciar que el Partido Popular no ha cerrado el proceso de negociación con ETA. Me genera un enorme dolor, más de lo que se pueden imaginar, pero creo que tengo la obligación moral de hacerlo. Primero, por la memoria, la dignidad y la justicia que merece mi hermano Ángel y mis sobrinas Miriam y Esther, asesinados cruelmente por la banda terrorista. Pero también, por todas las víctimas que representamos en Voces contra el Terrorismo y por todas aquellas que, después de más de 40 años derramando sangre, siguen sin rendirse.
Mi denuncia no es baladí, sino la conclusión a la que ustedes mismos pueden llegar si analizan todo lo que ha pasado en los últimos meses.
Mariano Rajoy inició su mandato con dos nombramientos que supusieron un auténtico jarro de agua fría para las víctimas. Como Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, un hombre con una trayectoria totalmente ajena a la lucha contra el terrorismo. Como titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defensor de la versión oficial del 11-M impuesta por el PSOE.
No menos inquietante es lo que ha sucedido con la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, pieza clave durante el Gobierno del PSOE en el proceso de negociación con ETA. El nuevo responsable de Interior no sólo no ha desmontado la estructura zapateril, sino que, además, ha ascendido a Sonia Ramos Piñero a Directora General, la mujer que, junto a Rubalcaba y el heredero de Peces Barba, perpetró la estrategia para desactivar la rebelión cívica, tratando de dividir a las víctimas, a consta de recompensar a quienes se acercaban a sus postulados.
Algo parecido ha sucedido en Instituciones Penitenciarias. El nombramiento de Ángel Yuste como máximo responsable de las cárceles españolas nos llenó de esperanza. Sin embargo, a día de hoy, y salvo algún caso aislado, todos los directores de prisiones nombrados por el PSOE siguen en sus puestos. Es más, según hemos podido saber, Sonia Ramos Piñero y María Isabel Lasa, responsable de la Oficina de Víctimas del País Vasco, ya han pedido al propio Yuste y al Ministro del Interior que mantenga abierta la llamada Vía Nanclares, una estrategia de excarcelaciones y acercamiento de presos de forma dosificada para no despertar las alarmas, que irá cobrando fuerza poco a poco.
El primer movimiento en este sentido, y prueba fehaciente de la continuidad del proceso de negociación con ETA, es la concesión del tercer grado al terrorista José Manuel Fernández Pérez. El Gobierno alegó que el etarra mostró su arrepentimiento y que cumplía con los requisitos exigidos por la legislación vigente para beneficiarse de la medida. Sin embargo, la viuda del Guardia Civil José San Martín denunció que jamás había pedido perdón a su familia. A pesar de que estas declaraciones, el Ministro del Interior no dudó en dejarla por mentirosa, al mantener, en una entrevista concedida al diario El País, que el etarra cumplía con lo exigido.
Pero la cosa no queda ahí... Si una imagen vale más que mil palabras, no son precisamente pocas las que han hablado por sí solas en los últimos meses. Baste recordar la reunión de Antonio Basagoiti con Pello Urizar, portavoz de Bildu, o el beso de bienvenida de la Ministra de Trabajo a un diputado de Amaiur. Curioso, por cierto, el silencio mediático al respecto, ya que, si ambas fotografías las hubiese protagonizado cualquier miembro del PSOE, seguro que algunos periódicos hubiesen abierto sus portadas con ellas.
El Congreso de los Diputados también ha sido escenario de otra de nuestras últimas decepciones: el rechazo del Partido Popular a la propuesta de UPyD para ilegalizar a Amaiur y a Bildu. Personalmente, coincido con quienes tratan de oportunista la propuesta de Rosa Díez, ya que han sido varias las convocatorias de Voces Contra el Terrorismo para pedir la expulsión de ETA de las instituciones a las que ha rechazado acudir. Sin embargo, peor ha sido la actitud de un Partido Popular que, contando con mayoría absoluta y sin necesidad, por tanto, de hacerlo, firmó un texto consensuado con quienes negocian con ETA, justifican al brazo político de la banda terrorista y piden inmunidad para los asesinos, entre otras tropelías. Y todo, una vez más, sin contar con las víctimas. Aunque ahora se entiende a la perfección la insólita reunión que el Ministro del Interior mantuvo con Zapatero y de la que no ha trascendido absolutamente nada.
A todos estos indicios, sin embargo, hay que añadir el más preocupante. Me refiero al acuerdo entre Rajoy y Rubalcaba para aplazar la renovación del Tribunal Constitucional, que aún tiene que pronunciarse sobre dos asuntos cruciales: la doctrina Parot, que permite alargar la estancia en prisión de los terroristas, y la legalización de Sortu-ETA.
Si el Constitucional, todavía con mayoría progresista, falla antes de junio sobre este punto en la misma línea que se pronunció con Bildu, Rajoy tendría el argumento perfecto para justificar las excarcelaciones y la permanencia de los brazos políticos de ETA en las instituciones.
De hecho, fuentes de toda solvencia y confianza, que no puedo revelar, me han confirmado que el Gobierno no tiene ninguna intención de ilegalizar a Bildu ni a Amaiur, ni tampoco de promover la detención de Josu Ternera.
Es verdad que el PP no ha negociado con ETA, pero es que tampoco lo necesita: lo han hecho y lo siguen haciendo los socialistas. Mariano Rajoy ha comprado esa idea de que algo habrá que darles a los terroristas y para ello, no tiene que mover un dedo. Tan sólo tiene que dejar estar todas las concesiones realizadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, mantener viva la Vía Nanclares para seguir excarcelando y acercando etarras, no instar a la ilegalización de Bildu o Amaiur, posponer la renovación del Constitucional para que sea este tribunal el que culmine el proceso con sus decisiones sobre Sortu o la Doctrina Parot, y no hacer nada para detener a la cabeza de la serpiente, Josu Ternera.
En las últimas elecciones, animé a los españoles a votar al PP, porque, al margen de coincidencias políticas, siempre confié en que un Gobierno de este signo acabaría con el proceso de negociación que los socialistas iniciaron con ETA. Y confié en ello a pesar de que, como decía al comienzo, fueron muchos los que ya desde 2008 me advertían de extrañas actitudes que no se correspondían con el discurso que siempre habían mantenido en la lucha contra el terrorismo. No sé si por la necesidad de mantener viva la esperanza, preferí no dar crédito a aquellas voces y confiar en los responsables del PP que, en privado, me aseguraban que no habían cambiado, que todo era parte de una estrategia electoral para no movilizar a la extrema izquierda.
Durante los últimos años, con Zapatero en el poder, he soportado campañas infames contra las asociaciones que he representado, calumnias por doquier contra mi persona y hasta contra mi familia. Ahora, denuncio las intenciones del Partido Popular, como en su día hice con el PSOE, lo que deja en evidencia a quienes, incluso desde diferentes colectivos de víctimas, me acusaban de impulsar la rebelión cívica por el simple hecho de ser un votante del PP. Ya lo dice el refranero español: "se cree el ladrón que todos son de su condición".
La campaña de acoso y derribo contra mi persona comenzó cuando en el año 2004 me reuní con dirigentes populares, periodistas e incluso responsables del Gobierno de Zapatero para exponerles que tenía conocimiento de que el PSOE había emprendido un proceso de negociación con ETA. Hoy, 8 años después, y, tras haber denunciado la estrategia del Partido Popular, mucho me temo que ya se ha iniciado una nueva campaña, que pronto empezará a hacerse pública.
Hay quien argumenta que Mariano Rajoy tan solo lleva poco más de 2 meses en el poder, y entiendo que es poco tiempo para revertir todas las cesiones realizadas por el PSOE, pero no es menos cierto que el camino iniciado en este tiempo va dirigido a mantener la hoja de ruta que el ejecutivo de Zapatero diseño con los terroristas.
Pedir justicia es una obligación moral que tenemos quienes hemos sufrido el zarpazo de ETA. Hacer que se imparta, el mandato de nuestros dirigentes. Por eso, quien hace dejación de sus funciones por motivos espurios, no puede olvidar que está traicionando a los vivos y a los muertos.
El Sr. Alcaraz Martos es presidente de Voces contra el Terrorismo. Su hermano y sus dos sobrinas fueron asesinados por ETA en el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en 1987.
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