Otra de las consecuencias de que España se quedara en el campo de la Contrarreforma fue que, al igual que naciones como España, Portugal o Italia, ha tenido enormes dificultades para adoptar una visión del servicio civil que sea verdaderamente nacional. A decir verdad, han prevalecido otros espíritus por encima del dedicado a servir a la nación lo que se ha traducido en no poco daño para España.
España es una de las naciones más antiguas de Europa, pero, a diferencia de otras, ha tenido notables dificultades para desarrollarse nacionalmente de manera normal y armónica. Los Reyes Católicos, por ejemplo, convirtieron en base de la unidad nacional la religión procediendo a la Expulsión de los judíos en 1492. Esa acción y la imposición de la Inquisición invalidaron de manera práctica no pocos logros de un reinado que tuvo muchos aspectos ejemplares y destacados. Al cabo de un par de siglos, buena parte de sus aciertos se habían eclipsado mientras que las malas consecuencias de esos dos actos permanecen a día de hoy. Una de ellas es que, durante los siglos siguientes, los españoles, en realidad, no han servido a España sino a la "única Iglesia verdadera", al Rey o a su patria chica. "Por Dios, por la patria y el rey" está muy bien como lema del carlismo, pero no se ha correspondido con la realidad histórica porque Dios era identificado automáticamente con la iglesia católica y tanto ésta como el rey han tenido agendas propias que han pagado no pocas veces los españoles. Al respecto, los intentos por revertir esa conducta como, por ejemplo, los protagonizados por el conde-duque de Olivares o los liberales de inicios del s. XIX, chocaron con barreras mentales que los llevaron a fracasar lamentablemente. Los intereses de la iglesia católica estaban, en la práctica, antes que los de España y de esa manera no sólo quedó aniquilado el imperio al servicio de causas que no eran nacionales durante los siglos XVI y XVII sino que además, durante el s. XIX, la nación se vio desgarrada en cruentas guerras civiles motivadas por el choque entre los que deseaban construir un estado moderno español y los que, al servicio de los intereses de la iglesia católica y de cierta visión de la corona, se alzaron en armas contra tal posibilidad porque un estado moderno, más tarde o más temprano, tendría que acabar con semejantes privilegios. Sí, la Iglesia católica estaba antes que los intereses nacionales y los que se opusieron a esa situación – como Alfonso y Juan de Valdés, como Blanco White… – fueron pocos y heterodoxos. Y semejante visión no ha desaparecido a día de hoy. Recuerdo todavía cómo la directora de un importante programa de COPE dijo públicamente desde sus micrófonos que si los obispos anunciaban que el País Vasco tenía que ser independiente ella lo aceptaría sin rechistar como lo mejor para España. Una afirmación de ese tipo, en pleno siglo XXI, causa como mínimo desasosiego siquiera porque implica otorgar a los obispos una autoridad que es más que dudoso que tengan aunque no cabe duda de que la han ejercido en el pasado con notable profusión. Sin duda, es comprensible e incluso encomiable que una persona, por imperativos de conciencia, pueda optar ocasionalmente por la objeción o incluso desobediencia civil, pero no parece de recibo que semejante conducta le sea dictada por una jerarquía que está sometida a un estado extranjero que tiene sus propios intereses políticos que, por añadidura, no siempre han coincidido con los de España.
Ese fenómeno también se ha dado –y se da– en la Historia de España en relación con la Corona. De manera deplorable, los españoles que derrocharon heroísmo desde 1808 no lo hicieron, salvo contadas excepciones, en pro de la libertad sino para defender al que demostraría ser un rey felón que, entre sus primeros pasos, tuvo el de derogar la Constitución liberal de 1812. El siglo XIX español fue también el de españoles enfrentados por diferentes legitimidades monárquicas –curioso término el de legitimidad teniendo en cuenta cómo los distintos reyes cedían pedazos de la nación tan sólo para satisfacer a infantas o mantenerse en el trono– y a finales del siglo XX, ya en democracia, hemos podido ver cómo determinadas instituciones como el Ejército o los servicios de inteligencia han estado más al servicio del Rey que de la nación. Al respecto, el 23-F es sólo un ejemplo, aunque, seguramente, no el único.
Poco puede sorprender que, partiendo de esa base tanto la masonería como la izquierda española, verdadero retrato en negativo de la iglesia católica, adoptaran el mismo patrón de conducta. Aunque, formalmente, haya llevado el nombre de española y haya dicho servir a España, en no pocos casos los intereses que han servido han sido los de cada logia, partido, sindicato o clan.
La masonería pretendía –en directa competencia con la iglesia católica– iluminar a los españoles aunque, por supuesto, sin dejar que ellos decidieran. El sindicato representaba a los trabajadores –aunque no llegaran al diez por ciento– y, por supuesto, los sustituía. El partido era la encarnación de los verdaderos intereses de la mayoría que contaba. Se produjo así una sucesión de hiperlegitimidades que han resultado muy dañinas para la Historia de España.
Dada la hiperlegitimidad de pertenecer al servicio de la única iglesia verdadera, ¿cómo podía extrañar la impunidad de sus acciones y de sus jerarcas incluso cuando se han dedicado a socavar el orden público o a pactar con separatistas y terroristas?
Dada la hiperlegitimidad de la Corona, ¿cómo podía extrañar que el rey no respondiera de sus actos, no pocas veces de extrema gravedad e incluso entrando en el delito, aunque tengan que hacerlo los ministros que los refrendan?
Dada la hiperlegitimidad de los sindicatos, ¿cómo podría extrañar que, a día de hoy, no rindan cuentas a nadie del dinero que les entregamos?
Dada la hiperlegitimidad de los partidos, ¿cómo podría extrañar que no se fiscalicen sus acciones y no se pidan cuentas de sus exacciones incluido el saqueo de cajas de ahorros cuyos agujeros seguimos llenando con nuestros impuestos?
Aún más, dado que no pocos de los funcionarios deben su puestos a cualquiera de esas instancias, ¿cómo podemos cuestionar su perpetuidad y su impunidad?
En todos y cada uno de los casos, la instancia pertinente ha dicho servir a la nación cuando más bien se ha servido de ella y, para remate, ha reaccionado airada cuando se cuestionaba su conducta. A diferencia de aquellas naciones en las que tuvo lugar la Reforma, de manera muy especial en el norte de Europa y en los países anglosajones, en España no existe una cultura de "civil servant", es decir, del que sirve civilmente a su nación porque la nación está por encima de todo tipo de consideraciones. Por el contrario, en esas naciones tocadas por la Reforma se ha sabido conjugar la idea de la desconfianza frente al estado e incluso de la resistencia civil con la del servicio a la nación por encima de banderías, religiones o ideologías.
Eso explica que, a diferencia de lo sucedido en España, Italia o Portugal, una persona acaudalada decida abandonar por un tiempo su actividad civil para entregarse a la política a sabiendas de que pierde dinero, pero sirve a su nación. En España, hasta donde yo recuerdo, se ha dado sólo el caso de Manuel Pizarro y fue una excepción que ni siquiera llegó a ser apreciada por todo el PP.
Eso explica que, a diferencia de lo sucedido en España, Italia o Portugal, la gente abandone los consejos de administración para ser ministros en lugar de, tras ser ministros, convertirse en consejeros – y conseguidotes – de empresas de relevancia.
Eso explica que, a diferencia de lo sucedido en España, Italia o Portugal, el funcionariado sea, por encima de todo, nacional y no se sienta vinculado a un grupo o partido sino al servicio de la nación.
Eso explica que, a diferencia de lo sucedido en España, Italia o Portugal, la lealtad a la nación esté por encima de otro tipo de lealtades.
Resulta imperativo que adquiramos esa visión nacional que está por encima de las jerarquías religiosas, de la afiliación partidista o sindical y de las fidelidades a sociedades secretas y que comprendamos que los políticos y los funcionarios no son sino civil servants – un término, hasta donde yo sé, sólo utilizado por Esperanza Aguirre - al servicio de los ciudadanos. Para eso, claro está, también necesitamos una visión diferente del estado, pero de eso hablaremos la semana que viene.
(Continuará: ¿Mantenidos o libres?)