La entrevista concedida por Jaime Mayor Oreja este jueves al noticiario de mediodía de esRadio ayuda a entender eso que los dos grandes partidos llaman "la gestión del final de ETA" y no es otra cosa que el cumplimiento de lo que quiera que el presidente Zapatero y los terroristas pactaron de espaldas a los ciudadanos. No le gusta al ex ministro el papel de Casandra, pero nadie ha anticipado como él el fatal cumplimiento de la negociación con ETA y nadie más en el PP se atreve a decir, a propósito de la actitud apaciguadora de los demócratas, que "el rey está desnudo".
Es un hecho que ETA no ha sido derrotada y hoy gobierna en ayuntamientos y diputaciones, además de sentarse en el Congreso de los Diputados. Es un hecho que la banda no se ha disuelto, ni ha entregado las armas, ni sus pistoleros se han puesto a disposición de la Justicia para aclarar los asesinatos que siguen impunes. Es un hecho que ETA no ha pedido perdón ni su brazo político ha condenado los asesinatos, torturas y secuestros de la banda terrorista.
Con estas y otras evidencias delante, es natural que las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández, reconociendo una "dimensión política" a ETA hayan causado perplejidad e irritación en esa parte de los espańoles, nosotros entre ellos, que se niega a mirar para otro lado mientras se intenta llegar a una paz sin justicia para las víctimas y sin conocimiento del pueblo español soberano de lo que se está acordando bajo la mesa sobre el destino del País Vasco, de Navarra y de España.
El siguiente eslabón en el proyecto de ETA es colocar a uno de los suyos como lehendakari en las elecciones autonómicas del próximo año y emprender, desde ahí, la irreversible ruptura de la nación, en un proceso de autodeterminación a la escocesa. Está por ver si el candidato será el señor Otegui. Lo dirá el Tribunal Supremo más pronto que tarde. Lo que no está tan claro es qué quiere hacer el Gobierno del PP para acabar con ETA. Y eso sí que es una descorazonadora novedad en nuestra democracia. Por primera vez, los españoles no saben a qué atenerse con un Gobierno popular en materia de lucha antiterrorista.
Qué hacer con ETA y con su brazo político es ya la encrucijada más importante de la política nacional del presidente Rajoy. Tanto absorbe la crisis económica la atención de la opinión pública y las energías del Gobierno, que el final de la banda terrorista y el precio a pagar se están dilucidando en un fondo en penumbra del escenario. Para el sentido de España y su continuidad como nación, sin embargo, la solución que se dé al terrorismo etarra es más decisiva que la política fiscal o la reforma laboral.
El acuerdo de los dos grandes partidos presenta demasiados puntos oscuros como para estar tranquilos. Hay demasiada ambigüedad en lo pactado esta semana en el Congreso y resultan inquietantes algunas expresiones como la de "promover la convivencia social" en el País Vasco, incluidas en el texto del acuerdo, que los medios proclives a la negociación con ETA se han apresurado a interpretar como equivalentes de una reinserción de los terroristas presos.
La decepción de las víctimas por la renuncia del PP a iniciar el procedimiento de ilegalización de Amaiur tasado por la Ley de Partidos es compartida por muchos ciudadanos que votaron al señor Rajoy no solo para enmendar el desastre económico y social causado por su antecesor, sino para que expulse a ETA de las instituciones y persiga a los terroristas con los instrumentos que el Estado de Derecho proporciona a un gobierno democrático.
La invocación retórica a las víctimas como una guía moral ya no convence a las propias víctimas de la claridad de los propósitos de la política antiterrorista. Hay demasiados signos, cada vez más claros, de que el nuevo Gobierno da por bueno lo pactado por el señor Rodríguez Zapatero con la banda. Aunque solo fuera por este escepticismo que ha brotado en las víctimas y entre ciudadanos, debería reflexionar el presidente Rajoy, en cuyas manos está la decisión del sentido definitivo que tomará la lucha contra ETA. Si las víctimas deploran y los terroristas aplauden, entonces, es que algo no va bien. Cuando la madre del policía local Joseba Pagazartundúa, asesinado por ETA, le dijo al señor Patxi López: "Haréis cosas que nos helarán la sangre", nunca imaginamos que quien pudiera acabar haciéndolas fuese un Gobierno del PP.