El mínimo denominador común contra ETA

Ninguna persona de bien puede estar en contra de la "disolución definitiva e incondicional" de ETA; o en contra de una "convivencia social construida sobre los principios y valores en los que se sustenta el Estado de Derecho". Tampoco ninguna persona bien nacida se atrevería a oponerse a "salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista". Tampoco nadie se va a oponer abiertamente a "velar por el cumplimiento estricto de la ley y a la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos".

El problema del texto que recoge todos estos requerimientos, tan obvios como bienintencionados, y aprobado tanto por los partidos que firmaron con ETA el Pacto de Lizarra, como por los partidos firmantes del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, es que se ha planteado como alternativa y en oposición a una propuesta de UPyD en la que, directamente, se instaba la ilegalización de la formación proetarra de Amaiur. Aunque la formación que lidera Rosa Diez haya apoyado finalmente el texto, que ha incorporado de manera íntegra como parte de su moción, sigue instando al Gobierno a iniciar los trámites para ilegalizar Amaiur porque entiende que ya hay "indicios suficientes" para hacerlo.

Y es que, frente a las vaguedades del texto aprobado por el conjunto de los partidos democráticos, la moción de UPyD iba dirigida, de manera firme y concreta, a sofocar el principal riesgo de que la deseable derrota policial de ETA se pueda transformar en victoria política, como es que la organización terrorista pueda mantener sus terminales políticas en las instituciones.

El problema del texto liderado por PP y PSOE no es, pues, lo que afirma sino lo que impide afirmar. Su problema es que constituye un mínimo denominador común, por el que todos –incluyendo al PP y exceptuando a UPyD- consideran compatible la concesión de beneficios penitenciarios a los criminales de ETA, con una "convivencia social construida sobre los principios y valores en los que se sustenta el Estado de Derecho". El problema es que la clase política de nuestro país – a excepción de UPyD- ve compatible la "persecución de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico" con que se pueda seguir permitiendo a los "testaferros de ETA" –en expresión del Tribunal Supremo- que ensalcen a los criminales de ETA calificándolos de "presos políticos". El problema de este texto es que plantea la deseable disolución de ETA, no como un encargo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino como una solicitud dirigida a la propia organización terrorista, como disimulada oferta de impunidad característica de los mal llamados "procesos de paz".

No nos debe extrañar, por tanto, que los miembros Amaiur, compaginando su enésima y pública negativa a condenar a ETA, hayan querido dejar constancia de que, si bien están en contra de este mínimo comun denominador contra la banda, ven "elementos positivos" en el mismo. ¿Y cómo no lo van a ver si este texto deja a salvo aquello por lo que la propia ETA en un comunicado celebró, con todo fundamento, haber ganado la "batalla de la ilegalización"?

Y es que la única objeción que podríamos hacer a UPyD, y que constituye un voto de confianza en una mayor firmeza futura por parte del Gobierno del PP, es que mientras persista la actual politización del Tribunal Constitucional, que anuló la sentencia de ilegalización de Bildu y dejó en papel mojado la Ley de Partidos, cualquier requerimiento de ilegalizar a Amaiur podria ahora correr la misma suerte.

Sólo nos queda, pues, confiar en que el Gobierno se ponga cuanto antes manos a la obra para fortalecer el Estado de Derecho y para impedir que el chantajista anuncio de cese definitivo de la violencia hecho por unos terroristas encapuchados signifique, en realidad, el definitivo abandono de la Ley de Partidos. Si no se hace, corremos el riesgo de que ETA celebre algo más que "haber ganado la batalla de la ilegalización".