La libertad en la Red, en manos del Supremo

Alegría al conocerse que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que la Asociación de Internautas interpuso contra la Ley Sinde-Wert. Fiesta en Twitter, que es la red social de las reacciones rápidas y viscerales.  A requerimiento del alto tribunal, la Abogacía del Estado deberá, además, informar acerca de la conveniencia o no de dictaminar la suspensión cautelar de la ley, con lo que la misma podría sufrir un parón importante. Todo un varapalo para el recién estrenado Gobierno y su ministro José Ignacio Wert.  En Estados Unidos, la sociedad civil, nada subvencionada y por ello mucho más organizada e independiente del poder político, se levantó contra la SOPA, que es algo así como la Ley Sinde-Wert pero menos chapucera. Consiguió pararla. Aquí, en España, el Partido Popular apenas tardó unos días desde su llegada al poder en apoyar la ley socialista.  “Soy uno de los vuestros”, se ufanó ante el mundo del cine español el ministro Wert.

La resolución del Tribunal Supremo nos reconcilia, aunque sólo sea por un rato, que habrá que  ver en qué queda la cosa, con la Justicia. Al fin y al cabo, la  ley en cuestión no sólo es la gran oportunidad perdida por el Partido Popular para aprobar una moderna Ley de Propiedad Intelectual que adapte los ahora obsoletos modelos de gestión de derechos de autor al siglo XXI. Estamos ante una verdadera ley de censura consensuada entre PP y PSOE. ¡Con lo que les cuesta ponerse de acuerdo para hacer el bien! 

Pero es que no se trata solo, como dice la propaganda, de perseguir webs de descargas que se lucran, cual socialista, parasitando el trabajo ajeno como hacían los de Megaupload y su cutre dueño. No señor. Con la ley en cuestión cualquier página o blog dependerá del favor político, lo que viene a ser algo así como someter la Red a concesión administrativa. Al favor del Gobierno.  No es de extrañar que los empresarios del sector de las TIC hayan puesto el grito en el cielo. La seguridad jurídica, tan necesaria para el desarrollo de cualquier negocio, sencillamente desaparece.

Y es que, en caso de que el Supremo no vea motivo para rechazarla, veremos cómo se crea un comisariado político llamado Sección Segunda, verdadera policía del pensamiento en la red. Wert y sus muchachos ahora, los que vengan luego después, podrán decidir qué páginas web tienen derecho a existir y cuáles no. Los jueces, que hasta ahora venían dando la razón a los internautas y de ahí la presión de algunos para sacar adelante esta aberración democrática, no podrán entrar en el fondo del asunto, limitándose a ejecutar las decisiones adoptadas por la comisión política. El perjudicado, caso de tener tiempo, dinero y ganas, se verá obligado a recurrir ante la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión. Pero, mientras tanto, su página habrá sido clausurada, con el perjuicio irreparable que ello supone. 

La corrupción, sobra decirlo, está garantizada. Quizá ha sido por eso.

 

La Sra. Negro Konrad es periodista, portavoz de la iniciativa Libertad 2.0