El naufragio judicial, político y cívico del 11-M

La declaración de Miguel Corsini, presidente de Renfe en el momento de la masacre del 11 de marzo de 2004, ante la juez Coro Cillán es desoladora. Y lo es por tres motivos: en lo judicial, porque se ha demostrado que el juez del Olmo no hizo nada para preservar las pruebas que permitieran saber cuál fue el arma del crimen, o sea, el explosivo de los trenes. No sólo no mandó preservar, como ordena la Ley, los vehículos –o, al menos, los vagones que sufrieron las explosiones– sino que mandó destruir las prendas y objetos pertenecientes a las víctimas. Sólo por eso, el juez del Olmo debería ser encausado y el caso del 11-M instruido desde el principio.

Eso es, en cierto modo, lo que está haciendo la juez Coro Cillán y es la razón por la que PRISA (y Rubalcaba, cabeza visible del PSOE el 11-M) quiere quitarla del caso con otra de sus infames campañas de destrucción personal y profesional. No para que investigue otro juez, sino –como bien ha recalcado El Mundo–, para que ningún juez investigue nada. Y mientras, se prepara el gran carpetazo: aceptar el recurso de los policías destructores y falsificadores de pruebas de aquella masacre, pese a que son –o porque son– el hilo conductor para deducir responsabilidades. Diríase que la Justicia –sin generalizar– se afana en la obstrucción a la Justicia.

Políticamente, es una vergüenza que el PP que padeció la masacre, porque iba contra ellos, pero que estaba como Gobierno en funciones cuando se perpetró la destrucción de los trenes, sea incapaz de decir una palabra ante la evidencia de una torticera, si no delictiva, actuación judicial. ¿No tiene nada que decir Michavila? ¿Ni Acebes? ¿Ni Aznar?

Y tras el naufragio judicial y político, el cívico: ¿esto es todo lo que tenía que decir Corsini? ¿Quiere hacernos creer que no sabe qué policía llamó a su subordinado para destruir los trenes? Otro que nos toma por imbéciles.