Ocho años sin despejar una sola incógnita

El próximo mes de marzo se va a cumplir el octavo aniversario de la masacre de los trenes de Cercanías. En contraposición al caso de los GAL, con el que algunos han hecho absurdos paralelismos, en este caso, no sólo falta por despejar la "X", sino la "Y", la "Z" y no sabemos si  alguna incógnita más. La única certeza del crimen de lesa humanidad es que se cometió, que ni se investigó ni se quiere investigar y que los únicos libres de sospecha de haberlo cometido somos los que, una vez demostrada la falacia de la llamada "versión oficial", seguimos luchando  y clamando para que se investigue, se instruya y se juzgue.

En ninguna mente sana y sin ningún tipo de interés mezquino en lo ocurrido, puede tener cabida lo poco y lo irracional que conocemos de los hechos narrados y juzgados hasta hoy. No me creo en posesión de la verdad absoluta, pero la importancia de los hechos y las consecuencias derivadas de ellos creo que justifican ampliamente que el Estado de Derecho, en el que nos dicen que vivimos, haga todo lo que esté a su alcance para garantizar y salvaguardar la vida de los ciudadanos a los que dice servir. La Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por España, así lo recoge.  

Si nos atenemos a la única sentencia dictada hasta hoy podemos comprobar que, explícitamente, no se encontró al ente (persona o grupo) que concibió el atentado; "autor intelectual", según convinieron en denominarlo. Importante incógnita por despejar. Sin su concurso creo que mi hijo estaría hoy donde Dios lo puso, con su familia y su entorno vital. Me atrevo a aventurar la idea de que, sin un diseño tan preciso, el caso estaría hoy en un alto grado de resolución y sentencia. Sólo a una Fiscalía y a algunas acusaciones, empeñadas en cuadrar el círculo de la "versión oficial", se les podía ocurrir presentar como autores intelectuales a unos individuos, con un perfil y unas pruebas, con las que el Tribunal no pudo hacer más que lo que hizo: rechazarlos.

El único autor material, con una pena de cuarenta mil años, al parecer está en vías de recurrir su sentencia por indicios de falsos testimonios. Hasta hoy, según tengo entendido, no ha admitido su culpabilidad en la masacre; a pesar de que ello le conduce a las más duras condiciones carcelarias. Sea como fuere, Jamal Zougan, sólo con las pruebas existentes, no puede ser el único autor material del mayor y más técnico de los atentados sufridos jamás por el paciente y noble pueblo español. ¿Quién o quiénes fueron los ejecutores de un crimen tan bien planificado en el tiempo, en su ejecución y en su ocultación? Esta segunda incógnita, silenciada por muchos, sigue pendiente de despejarse.

Partiendo de la realidad del atentado y de sus desastrosas consecuencias, podemos pasar a analizar cómo ha sido tratado por nuestro Estado de Derecho:

La investigación policial, partiendo de unas pruebas (hoy demostradas falsas), practicó 116 detenciones que desembocaron en la sentencia del autor material antes citado, cuya autoría, pasados ocho años, está en tela de juicio. Aparte de la vía islamista, sin resultados fiables hasta el momento, no se ha investigado ninguna otra hipótesis. ETA, acusada inicialmente por todos, no sólo dejó de ser investigada sino que se ha convertido en un interlocutor del Estado hasta el punto de estar presente en las instituciones. La investigación de los artefactos asesinos tampoco ha podido llevarse a cabo gracias a las irregularidades manifiestas cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (incumplimiento de protocolos, pérdida de muestras, ocultación de análisis, inexistencia de cadenas de custodia etcétera). Todo esto, olvidado por los letrados de la Audiencia Nacional, se investiga ahora en el juzgado número 43 de la Audiencia Provincial de Madrid, eso sí, con trabas y descalificaciones permanentes. ¿Quiénes y por qué se resisten a despejar la gran incógnita de la actuación o la inacción policial? ¿Acaso obedece al interés del único condenado o de los presuntos islamistas en libertad?

El proceso judicial, desde la instrucción hasta la única sentencia firme, constituye otra incógnita pendiente de despejar. Máxime cuando lo comparamos con casos recientes que están en la mente de todos ("Faisán", "Campeón", crímenes del franquismo, etcétera).

¿Nadie, víctimas incluidas, siente la necesidad de exigir verdad y justicia a los que deben descubrir y condenar a los que nos asesinaron vilmente aquel  jueves once de marzo de 2004? ¿No sigue siendo una incógnita para la mayoría de los españoles el inacabado proceso 20/04 realizado por el Poder Judicial? El juez instructor, La Fiscalía y el Tribunal tienen una deuda pendiente con las víctimas y con el pueblo que sustenta sus poderes, y ellos lo saben y no pueden hacer oídos sordos a este clamor silencioso. La instrucción del 11-M ¿fue devuelta por la sala al Instructor como la del caso Faisán? Y no son casos comparables, como a veces se comenta…

Otra incógnita por despejar es la referente a las responsabilidades políticas. La ineficiente Comisión Parlamentaria se cerró en falso. ¿Se arbitraron medidas correctivas o preventivas para evitar la repetición de otro atentado y sus causas? ¿No se habló de crear una Comisión Independiente o de la Verdad? Durante las dos legislaturas precedentes estos temas eran tabú. ¿Seré muy ingenuo al pensar que durante esta legislatura se despejará esta incógnita?

No creo necesario recordar que si nuestros inocentes seres queridos fueron las víctimas reales, a nivel político hubo vencedores y vencidos, pero esto es una anécdota si lo comparamos con las vidas que truncaron para siempre.

Si el acontecimiento que ha modelado nuestro nefasto deambular por el siglo XXI no se aborda con decisión, valentía y sentido de la responsabilidad, los graves problemas que nos acucian como país seguirán siendo el fruto de la indignidad que hemos sembrado como colectivo.

 

El Sr. Moris es padre de una de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.